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05 de febrero de 2010 | 17:00

El Colegio Público de Abogados propone que los bienes decomisados en hechos de corrupción sean utilizados para cubrir necesidades básicas

En una nota enviada a la Corte Suprema de Justicia de la Nación solicitó que los ingresos que se obtengan de las causas “Alsogaray” e “IBM” sean destinadas a satisfacer la atención del derecho más importante del ser humano.

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El Colegio Público de Abogados de la Capital Federal -CPACF - solicitó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que los bienes que se decomisen en hechos de corrupción sean utilizados para cubrir las necesidades básicas de la población,para que de este manera el destino de dichos fondos, aporte un beneficio a la tan deseada justicia social.

La entidad que agrupa a los abogados porteños también manifestó su opinión ante Alto Tribunal de la República Argentina a través de una nota que señala que el Convenio Interamericano contra la Corrupción, incorporado a legislación argentina por la Ley nro. 24.759, establece que “ debe procederse al decomiso de bienes”, ante lo cual consideró, en consonancia con otras organizaciones no gubernamentales, “la importancia que resultaría de entregar dicho producido a organismos que atienden necesidades básicas de la población”.

Proponemos que los ingresos que se obtengan de las causas “Alsogaray” e “IBM” sean destinadas a satisfacer la atención del derecho más importante del ser humanos que es su salud psicofísica ya que los fondos que, a tales efectos se destinan siempre serán insuficientes" expresa la solicitud del CPACF. En la nota ademas se señala que debe priorizarse la atención médica de quienes son el futuro de la Nación, - los niños que reciben atención médica- , en los Hospitales “SAMIC Prof. Dr. Juan P. Garraham”, en el “de Niños Dr. Ricardo Gutierrez”, y en el “ex Casa Cuna Dr. Pedro Elizalde” cuyas cooperadoras "podrán darle el destino más adecuado para que el dinero mal habido retorne a la sociedad”.

Desde el CPACF destacan que se encuentran convencidos acerca que el ingreso de dichos fondos a las finanzas de la Corte Suprema de Justicia, “ no refleja el sentido de reintegro social que inspira el decomiso dispuesto en la Convención, y los Abogados sostienen tambén que ante “ la inexistencia de una expresa normativa, debe priorizarse la finalidad inspiradora que es la reparación del tejido social”.

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