Continúa la investigación sobre el atentado a la Embajada de Israel

La Corte Suprema de Justicia de la Nación –CSJN -  emitió un comunicado en el que expresa que continúa la investigación sobre el atentado a la Embajada de Israel – hecho registrado el día 17 de marzo de 1992 y que causó la muerte de 22 personas-. Esta comunicación fue difundida tras la afirmación realizada por el Presidente de la CSJN, Dr. Ricardo Lorenzetti  acerca de la condición de “cosa juzgada” en relación a la causa iniciada por la voladura de la sede diplomática israelí. 

noticiasjudiciales.info reproduce texto difundido por la CSJN: Informe de la Secretaría Judicial N° 3 a cargo Dr. Esteban Canevari:

“Expediente S.143 XXIV

El 17 de marzo de 1992, aproximadamente a las 14.47 hs.

se produjo un atentado en el edificio de la sede de la

Embajada de Israel en la ciudad de Buenos Aires, sito en

Arroyo 916.

En la resolución del 23 de diciembre de 1999, publicada

en Fallos 333:3297 la Corte, tuvo por probado que el

hecho fue causado por la explosión de una carga de

pentrita y trinitrotolueno que había sido acondicionada en

la parte posterior derecha del interior de una camioneta

Ford F 100, dominio C.1.275.871.

La camioneta había estado detenida en el

estacionamiento que la firma Dakota SA regenteaba en

Cerrito entre Juncal y Arroyo. Ya fuera de ese lugar

circuló por la calle nombrada donde –a la altura del 916,

sede del edificio de la embajada de Israel- ascendió a la

vereda con sus dos ruedas derechas produciéndose

inmediatamente una explosión de  considerables

dimensiones que provocó la destrucción de la

sede diplomática y daños en otros edificios de las

inmediaciones y en los vehículos que estaban

estacionados  en la zona o que circulaban por el lugar.

Por el hecho fallecieron 22 personas y resultaron

heridas más de 350 que fueron atendidas en distintos

nosocomios de la Capital Federal. La existencia del

coche bomba está avalada, entre otras pruebas, por la

existencia de  un cráter frente al edificio de la embajada,

el hallazgo de  varias partes del motor del rodado sobre

los que se  practicaron diversos peritajes que permitieron

ubicar el  número del motor y así individualizarlo,

diversas declaraciones, etc.

También la Corte, en la mencionada resolución, se

expidió sobre la responsabilidad en el hecho investigado,

atribuyéndosela al grupo terrorista denominado Jihad

Islámica, brazo armado del Hezbollah.

Para ello tuvo en cuenta distintos cables de la Embajada

Argentina en el Líbano de febrero de 1992 referidos a las

repercusiones de la muerte violenta de Abbas Musawi,

secretario del Hezbollah, su esposa y un hijo de ambos.

Asimismo se valoró que la propia agrupación se había

atribuído la responsabilidad en el hecho al día siguiente

de ocurrido mediante la publicación de una solicitada en

el diario An Nahar de Beirut, El Líbano.

Las declaraciones de diplomáticos argentinos en aquel

país ratificaron aquella información. A partir de ello, el

Tribunal entendió que se había creado un estado de

sospecha suficiente como para disponer el

procesamiento de Imad Mughniyah y en consecuencia

recibirle declaración indagatoria, librándose la

consecuente  orden de captura internacional a su

respecto.

Según información brindada por el Departamento de

Estado del Gobierno de EEUU, por el Gobierno de la

República  Federal de Alemana y por la SIDE, Mughniyah

dirigía el aparato de seguridad central y exterior del

Hezbollah y era el responsable de la Jihad Islámica al

momento de cometerse el atentado.

Luego de la mencionada resolución de diciembre de 1999

el Tribunal continuó profundizando la investigación en

esa línea. Como resultado de ello, se pudieron establecer

vínculos entre el Hezbollah y personas sospechosas que

desarrollaban actividades supuestamente comerciales en

la zona conocida como “Triple Frontera”, entre otros

Samuel Salman El Reda Reda. Al respecto, se supo que

en durante  1992 un hermano suyo, José Salman El Reda

Reda había  sido detenido y procesado por la justicia

federal de Rosario  por habérsele secuestrado una

importante cantidad de  dólares falsificados – conocidos

como “superdollares”- junto  con otra documentación.

Es importante destacar que con este tipo de dólares

falsificados se financiarían actividades terroristas.

Al incorporarse aquella causa a la investigación de la

Corte se libró una orden de captura contra José Salman El Reda.

Con posterioridad la SIDE informó que organismos de

inteligencia de otros países le habían comunicado que en

junio de 2001 se detuvo en el Reino de Jordania a

Hussein Mohamad Ibrahim Suleiman, agente operativo

del Hezbollah, quien habría relatado que en 1991 viajó a

San Pablo y que a principios de 1992, en Foz de Iguazú,

 recibió explosivos que transportó a la Argentina en

ónmibus -disimulados en cajas  de alimentos- los que

más tarde fueron utilizados para el atentado contra la Embajada de Israel.

Para chequear esta información se libraron oficios a las

distintas fuerzas de seguridad, exhortos a distintos

países y Corte Suprema de Justicia de la Nación oficios a

organismos  de inteligencia, pero hasta el momento la

misma no pudo  ser  corroborada.

También sobre la base de lo informado por el testigo “C”

de la causa AMIA, se investigó a Jaffar Saadat Ahmad

Nia, señalado como un diplomático iraní que sería

encargado de  la logística en actos de terrorismo. Se

comprobó que el  nombrado estuvo acreditado como

 Agregado Civil en la  Embajada Iraní en Brasil entre el 8

de junio de 1991 y el 28  de diciembre de 1993. Según

información de inteligencia  habría entrado a la Argentina

el 16-3-92 y habría salido el 18-3-92. Pero esa información

no pudo ser comprobada hasta el momento, e inclusive

fue desvirtuada por organismos  nacionales.

El 20 de diciembre de 2006 se reiteraron las órdenes de

captura internacional de Imad Mughniyah y José Salman El Reda.

Según notas periodísticas, Mughniyah habría fallecido el

12 de febrero de 2008 en un atentado en Damasco, por el

estallido de un coche bomba. Su fallecimiento habría sido

confirmado con la copia del Acta de defunción que

Interpol remitiera a la UFI AMIA, que fuera luego aportada

a esta investigación.

En conclusión, en estos autos, está probada la

materialidad de los hechos –cómo ocurrió el atentado- y

también señalada la responsabilidad penal de sus

autores.

Es en esta línea que el Sr. Presidente de la Corte

Suprema de Justicia de la Nación informó que ambas

circunstancias (pilares de la investigación) han sido

consentidas por las partes, y que sobre esa base firme se

Corte Suprema de Justicia de la Nación continúa con la

pertinente investigación, para lo cual se ha

solicitado la necesaria colaboración internacional