El Estado Argentino se comprometió ante la CIDH a agilizar temas de Justicia

Representantes de la ANSES se comprometieron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a no demorar el pago de jubilaciones con los reajustes ordenados por la Justicia. El Estado también firmó un acta que lo obliga tomar medidas concretas en el caso AMIA y garantizó la reglamentación en el plazo de un mes de la nueva Ley de Migraciones. Estos compromisos se produjeron en diferentes reuniones de trabajo ante la Comisión, por casos que el CELS llevó a esa instancia internacional.

En la audiencia por el caso Menéndez y Caride - dos jubilados argentinos que iniciaron un reclamo ante la CIDH por el cobro de la totalidad de sus haberes al que luego se sumaron otras 45 peticiones-, se firmó un acuerdo de solución amistosa que puso fin al litigio y a partir del cual el Estado se comprometió a adecuar las prácticas administrativas de la ANSES a las leyes vigentes y las sentencias judiciales en la materia.

En el año 2004, a partir de los fallos de la Corte Suprema que avalaron el ajuste de las jubilaciones y en 2006, con la derogación de distintos artículos de la Ley de Solidaridad Previsional que había motivado la demanda internacional, la situación denunciada ante la CIDH se modificó y el Estado asumió la obligación de pagar los ajustes dispuestos por sentencias judiciales antes de los 120 días hábiles. Pero este plazo no siempre se respeta. Por eso, el acuerdo alcanzado en Washington crea una mesa de seguimiento destinada a monitorear las respuestas estatales e informar a la CIDH acerca del cumplimiento del pacto.

Además se realizó una nueva reunión de trabajo por el caso AMIA, que llegó a la CIDH en 1999 impulsado por Memoria Activa, con el patrocinio del CELS, CEJIL, Human Rights Watch y el Abogado Alberto Zuppi. En 2005 el Estado argentino reconoció su responsabilidad por la falta de esclarecimiento del atentado a la mutual judía y comenzó así un proceso de solución amistosa supervisado por la Comisión.

En este contexto, los peticionarios exigieron la realización de acciones concretas y el Estado se comprometió a adoptar una serie de medidas en un plazo no mayor a cinco meses. Entre estas medidas figuran: el impulso de la ley de reparaciones para víctimas y familiares, la designación de un alto funcionario que actúe como interlocutor en el caso con capacidad para articular las agencias involucradas en el cumplimiento de los compromisos asumidos, la elaboración de un informe detallado sobre las escuchas telefónicas ilegales a familiares de víctimas, la firma de convenios con al menos la mitad de las provincias para la ratificación del “Plan de Contingencias” destinado a casos de emergencias y catástrofes, y el pago de costas y honorarios a los abogados involucrados en la causa.

En caso de que se cumpla el acuerdo, continuará el proceso de solución amistosa supervisado por la CIDH. De lo contrario, las organizaciones reiterarán su solicitud a la Comisión para que dicte el informe de fondo y demande al Estado Argentino ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

También tuvo lugar en la CIDH la reunión de trabajo por el caso de Juan Carlos de la Torre, un inmigrante uruguayo que ingresó a la Argentina en 1968 y luego de 24 años de permanencia en el país fue detenido sin orden judicial y expulsado mediante la aplicación de la ley de migraciones promulgada durante la última dictadura militar.

Tras un largo y complejo proceso que se inició a poco del retorno de la democracia, que incluyó la denuncia contra el Estado argentino ante la CIDH; y en el que intervinieron organizaciones no gubernamentales, instituciones religiosas, sindicatos y referentes políticos, en Diciembre de 2003 se aprobó una nueva legislación migratoria; la Ley Nº 25.871. Esta norma contiene cláusulas afines con la protección de derechos que consagra la Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos y fue el punto de partida para poner fin al proceso en la Comisión.

Sin embargo, hasta la fecha la nueva ley no ha sido reglamentada, por lo que su aplicación concreta convive con la vigencia de la antigua normativa. En la reunión de hoy se firmó un acuerdo de solución amistosa por el cual el Estado se comprometió a promulgar el decreto reglamentario - elaborado por una mesa de trabajo de la que participó el CELS, junto a otras organizaciones y organismos de Naciones Unidas, como ACNUR y OIM -, en un plazo máximo de 30 días. Al concretarse este acuerdo, la Comisión redactará un nuevo informe para dar por cerrado el caso.

En la audiencia estuvieron presentes Andrea Pochak, Directora adjunta del CELS, y el Dr.Carlos Alberto Beraldi por la Dirección Nacional de Migraciones y representantes de Cancillería.