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05 de noviembre de 2014 | 17:00

Garantizan el derecho a la vivienda para 15 familias que viven en un conventillo

Se  alcanzó un acuerdo que fue ratificado por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal

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Conventillo      FOTO: WEB

El Ministerio Público de la Defensa de la Nación –MPDN- informó que se garantizó el derecho a la vivienda para 15 familias que habitan en un conventillo mediante un acuerdo que fue ratificado por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal.

NoticiasJudiciales.INFO reproduce texto difundido por el MPDN:

“El Ministerio Público de la Defensa, a través de la actuación de la Defensora de Menores e Incapaces en lo Civil, Comercial y Laboral, Dra. Ana María González de Verrastro, contribuyó, junto a otros actores del Poder Judicial y del Estado Nacional, a  lograr un acuerdo para que quince familias integrantes de la cooperativa “Crecer en Ministro Brin” del barrio de La Boca compraran el conventillo en el que vivían y de donde estuvieron a punto de ser desalojados en repetidas ocasiones.

El compromiso de la Defensora de Menores en la tutela de los derechos fundamentales de los más vulnerables, el rol proactivo del juez Dr. Gustavo Caramelo, la organización de los vecinos para armar una cooperativa, la colaboración de la Facultad de Arquitectura de la UBA y el apoyo de la Secretaría de Tierras para el Habitar Social permitieron la construcción de una solución eficiente acorde a las responsabilidades que tiene el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el Gobierno Nacional frente a los tratados de derechos humanos.

El 9 de junio de este año, el Dr. Caramelo ordenó al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires -Instituto de la Vivienda de la Ciudad y al Ministerio de Desarrollo Social- que depositen la suma correspondiente a dos créditos individuales (Ley Nº 341) que habían sido adjudicados a dos familias y las diez cuotas correspondientes al subsidio habitacional del decreto 960/08 de las trece familias restantes con el fin de dar una debida solución habitacional a los vecinos.

El Ministerio Público de la Defensa tiene entre sus deberes realizar todas las acciones conducentes para la defensa y protección de los derechos humanos, lo cual se vio reflejado en la actuación de la Defensora, en clara consonancia con lo dispuesto mediante Resolución DGN N 1119/08 y las Reglas de Brasilia Sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad.

El fallo, confirmado por la Cámara Civil, es el primer precedente en la justicia civil que aplica los estándares internacionales de derechos humanos en materia de desalojos establecidos por las Naciones Unidas. Es una resolución ejemplar por el modo en que aborda un caso que trasciende la esfera privada para tratar las problemáticas derivadas de un conflicto social de esta naturaleza”.