“Hay una clara inacción del poder judicial ante los hechos de tortura”

La Defensora General de la Nación, Dra. Stella Maris Martínez afirmó “hay una clara inacción del poder judicial ante los hechos de tortura” en el marco del “Seminario Defensa Pública y Monitoreo de Derechos Humanos en los Centros de Privación de Libertad”. La Dra. Stella Maris Martínez señaló además “queremos que se revise el sistema de sanciones. La imposición es arbitraria, tienen el único fin de doblegar a las personas. Cuando los privados de libertad son sancionados, pierden avances en el régimen penitenciario, lo que significa pérdida de salidas, estudio y trabajo afuera”.

NoticiasJudiciales.INFO reproduce texto difundido por el Ministerio Público de la Defensa de la Nación:

“Durante la mañana de la segunda jornada del seminario Defensa Pública y monitoreo de derechos humanos en los centros de privación de libertad, expusieron los directores de las defensas públicas de Paraguay, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, Chile, Perú y República Dominicana. Cada uno realizó un recorrido por sus experiencias en el ámbito de la prevención de la tortura y malos tratos en las cárceles de estos países de la región.

A su turno, la Dra. Stella Maris Martínez, Defensora General de la Nación Argentina, recordó que en 1986 se dictó en el país un nuevo tipo penal que responsabiliza al director de la cárcel cuando no se puede descubrir el responsable directo de un acto de tortura o maltrato. Sin embargo, desde entonces sólo hubo condena en un caso. “Tenemos que hacer reaccionar al sistema penal. Hay una clara inacción del poder judicial ante los hechos de tortura. Si las personas que cometen estos actos no reciben ninguna condena, nunca vamos a terminar con los abusos físicos”.

Ante esta situación, la Defensoría creó un programa de Patrocinio Jurídico gratuito que asiste a las víctimas o a sus familiares, que quieran constituirse como parte del expediente. “El resultado es muy importante, consiguiendo procesamientos en casos que hubieran quedado en la nada sin nuestra intervención”.

La Defensora también se refirió a la Comisión de seguimiento del tratamiento institucional de niños, niñas y adolescentes, que ha logrado que ya no se detenga a los menores en comisarías, en contacto con adultos, y que  se cree un ámbito especial (Centros de Admisión y Derivación) dentro de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNAF).

La Defensora también hizo referencia al reclamo que impulsa para que se modifique la ley penitenciaria y el decreto reglamentario. “Queremos que se revise el sistema de sanciones. La imposición es arbitraria, tienen el único fin de doblegar a las personas. Cuando los privados de libertad son sancionados, pierden avances en el régimen penitenciario, lo que significa pérdida de salidas, estudio y trabajo afuera. Pedimos que se garantice el derecho de defensa y la revisión judicial de estas sanciones. Luchamos para que la sanción de aislamiento sea suspendida”, explicó.

La Dra. Martínez también mencionó el caso de las personas internadas contra su voluntad en centros de salud mental. Gracias a la intervención de la Unidad de Letrados art 22, creada a partir de la sanción de la Ley Nacional de Salud Mental, se ha conseguido que en el 95% de los casos se encuentren alternativas menos lesivas de sus derechos.

“Estamos convencidos de que la verdadera lucha es tratar de descender la cantidad de personas en prisión. La campaña de ‘ley y orden’ ha hecho presa a nuestro país, ha logrado un gran incremento de las personas privadas de su libertad. Por eso hay que tener una posición muy combativa y firme en este campo. Hoy las cárceles de Latinoamérica son centros claros de violación de derechos humanos. Debemos luchar por una senda más racional de tratamiento del delito y del delincuente y tendremos una democracia de mayor calidad”, concluyó la Defensora.

Las jornadas, que finalizan esta tarde, están organizadas por el Programa EUROSOCIAL II, con la colaboración de la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas (AIDEF) y la Defensoría General de la Nación. El seminario –que coincide con el 30º  aniversario de  la  adopción por parte de Naciones Unidas de la Convención Internacional contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes– tiene como objeto ofrecer herramientas y conocimientos que permitan a los defensores identificar vulneraciones y sistematizar la información para lograr una mayor incidencia en la protección de los derechos humanos”.