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13 de mayo de 2010 | 17:00

La Cámara de Diputados de la Nación declaró política de Estado los juicios por los crímenes de lesa humanidad

Es una iniciativa promovida por el Centro de Estudios Legales y Sociales/ CELS.Fue aprobada por unanimidad en el marco de la conmemoración del Bicentenario de la Revolución de Mayo.

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La Cámara de Diputados de la Nación declaró política de Estado los juicios por los crímenes de lesa humanidad

La Cámara de Diputados de la Nacion aprobó por unanimidad en su sesión un proyecto de declaración promovido por el Centro de Estudios Legales y Sociales -CELS - para declarar como “Política de Estado” los juicios por crímenes de lesa humanidad que involucran a los responsables de las gravísimas violaciones de derechos humanos cometidas durante la ultima dictadura militar. El Director Ejecutivo del CELS, Dr.Gastón Chillier manifesto que “el Bicentenario es una buena oportunidad para expresar un compromiso de toda la clase política argentina con este proceso de justicia y remarcar su valor para el fortalecimiento de las instituciones democráticas. No se trata sólo de juzgar hechos del pasado sino de sentar las condiciones para la convivencia futura y de dar un sustento ético al Estado de derecho”.

La declaración aprobada por la Cámara de Diputados de la Nación, en el marco de la conmemoración del Bicentenario de la Revolución de Mayo, reafirma la necesidad de “asegurar el proceso de verdad y justicia como una política de Estado de carácter irrenunciable, que debe completarse en plazos razonables dentro del más absoluto respeto a las garantías del debido proceso”.Tambien señala que "esta política de memoria y justicia, que nos distingue hoy como país en la comunidad internacional representa una bisagra ética fundamental del Estado de derecho que beneficia a la sociedad argentina en su conjunto”.

En los fundamentos de la declaracion aprobada se rescata el valor del trabajo iniciado por la CONADEP y resalta la importancia del Juicio a las Juntas, realizado en el año 1985. Ademas se destaca la reapertura de los procesos judiciales en el año 2001 con la declaración de inconstitucionalidad de las leyes de impunidad en la denominada causa "Simón ". Tambien el proyecto de declaracion promovido por el CELS destaca la acelaracion de las causas a partir del año 2005 con el aval de los tres poderes del Estado y señala que esto constituyó la inauguración de "una nueva etapa de legitimidad para las instituciones".