La FLAM sostiene que los cambios en la Justicia cercenan la independencia del Poder Judicial

La Federación Latinoamericana de Magistrados –FLAM- sostiene que los cambios en la Justicia que presentó el Poder Ejecutivo Nacional –PEN - cercenan la independencia del Poder Judicial. La entidad además precisó que la fuerte restricción a las medidas cautelares afectará los derechos individuales.

NoticiasJudiciales.INFO reproduce pronunciamiento difundido por la FLAM:

“La Federación Latinoamericana de Magistrados, organismo integrado por las asociaciones de jueces de dieciocho países, y reconocido por la Organización de Estados Americanos, reunida en Asamblea General Ordinaria, en Santiago de Chile, a siete de mayo del año 2013, ratifica su decisión de rechazar todo acto que atente contra la Independencia de los Poderes Judiciales y de los jueces y juezas en su plano individual o colectivo y reitera su compromiso de asegurar de modo permanente el respaldo a la consolidación de la independencia de los poderes judiciales y de los jueces y juezas, denunciando toda acción o decisión, interna o externa, que pueda condicionar política, económica, social o funcionalmente la independencia del poder judicial como poder del Estado.

En este contexto y habiéndose tomado conocimiento acerca de la eventual aprobación de proyectos de ley presentados por el Poder Ejecutivo de la República de Argentina, dirigidos a la llamada "democratización de la Justicia" y en la misma línea de la Declaración efectuada el día 18 de abril de 2013, afirmamos que dichos cambios, de ser ratificados, importan un grave peligro para la existencia del sistema republicano, siendo los principales perjudicados los ciudadanos de dicho país ya que los proyectos de ley presentados alteran sustancialmente el funcionamiento de la Justicia y de ninguna manera atienden a una reforma que amplíe las posibilidades de ejercer los derechos ciudadanos, y muy por el contrario, cercenan la independencia del Poder Judicial, al pretender en definitiva sustituir a la Corte Suprema de Justicia de esa nación como cabeza de uno de los poderes del Estado, despojándola de las funciones que constitucionalmente le son inherentes para el desempeño adecuado de la tarea que por Constitución, a ella y a los tribunales inferiores les corresponde. A ello se suma una pretendida politización del Consejo de la Magistratura, órgano encargado de la selección de magistrados y del control del desempeño de los jueces y juezas, al disponerse la elección popular de los jueces (as) y abogados (as) que integrarán el mencionado Consejo de la Magistratura, sometiéndolos a una inclusión obligatoria e inaceptable en boletas partidarias, que contradice el expreso texto constitucional.

No menos grave resulta la fuerte restricción a las medidas cautelares que se pueden decretar contra el Estado Nacional, lo que afectará indudablemente la capacidad de los jueces para proteger los derechos humanos, individuales y Sociales.

Por todo lo anterior, La Federación Latinoamericana de Magistrados, declara y afirma:

Primero: Que, la decisión de los poderes de gobierno de llevar adelante el tratamiento de estos proyectos con innecesaria urgencia, impide un sereno y detenido análisis y un adecuado control social de las iniciativas analizadas.

Segundo: Las propuestas del ejecutivo argentino afectan sin duda alguna el sistema democrático republicano de gobierno, el equilibrio y la división de poderes de la República Argentina, arrastrando consigo y destruyendo principios básicos de la independencia de la magistratura en tanto se busca politizar partidariamente al órgano de gobierno judicial, lo que de concretarse, dejaría a los jueces y juezas a merced de eventuales mayorías en la urnas, afectando de forma irreversible la imparcialidad e independencia de la judicatura argentina, valores y principios que no pretenden defender inexistentes privilegios judiciales, sino que están al servicio de los ciudadanos en la firme protección de sus derechos fundamentales.

Por todo lo anteriormente consignado, la Federación Latinoamericana de Magistrados, rechaza todo ataque contra la independencia del Poder Judicial Argentino y exhortamos a las Autoridades de dicho país, a defender la independencia de los jueces y juezas argentinos, como Poder de un Estado Democrático de Derecho que respete la necesaria separación de funciones, asegurando a su judicatura la plena vigencia de las garantías que la propia Constitución de la República dispone.