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22 de septiembre de 2010 | 17:00

Ordenan indemnizar a un particular que afrontó un juicio penal por un error registral

En el Registro de la Propiedad Automotor Seccional Lanús ‘A’ transcribieron de manera errónea los números del cuadro y del motor de una motocicleta

Por Leonardo Scolpatti

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Motocicleta

La Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal condenó al Estado Nacional a indemnizar en $ 12.000 por daño moral un particular que afrontó un proceso penal en su contra porque en una dependencia pública transcribieron de manera errónea los números de su motocicleta. La medida fue dispuesta en el expediente “B J S C/ Dirección Nac. de los Registros Nac. de la Propiedad Automotor S/Daños Y Perjuicios”. Los Jueces de Cámara María Susana Najurieta y Martín Diego Farell aseguraron que existía responsabilidad estatal y señalaron " quien contrae la obligación de prestar un servicio lo debe realizar en condiciones adecuadas para llenar el fin para el que ha sido establecido y debe afrontar las consecuencias de su incumplimiento o ejecución irregular”.

NoticiasJudiciales.INFO pudo constatar que las actuaciones se iniciaron con el fin de obtener el resarcimiento de los daños y perjuicios sufridos con motivo de un error registral cometido por el Registro de la Propiedad Automotor Seccional Lanús ‘A’ en el trámite de expedición del título de dominio correspondiente a una motocicleta marca Honda - error en la transcripción de los los números de cuadro y motor - . El demandante relató además que a raíz de la anotación erronéa fue detenido el día 12 de Junio de 2002 y su vehículo fue secuestrado. Posteriormente se inició la causa penal “B. J. S. s/falsificación de documentos públicos” y que más tarde se dictó un sobreseimiento tras advertirse la equivocación al momento de registrar los datos de la moto.

“Si el encargado del registro hubiese examinado cuidadosamente el legajo, en las constancias de septiembre de 1997 aparecían los datos que se correspondían con la realidad” manifestaron los Jueces de Cámara María Susana Najurieta y Martín Diego Farel. Además precisaron que la documentación " fue emitida repitiendo automáticamente los errores consignados por la Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires”. También los integrantes de la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal resaltaron que “ hubo falta de servicio en la anotación de los datos del título de propiedad y esa discordancia con la realidad fue la causa directa del daño sufrido por J. S. B. en ocasión del operativo del 12 de junio de 2002”.