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10 de octubre de 2014 |
17:00
Piden la aplicación del programa Precios Cuidados en las proveedurías del Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza
La solicitud fue realizada por un grupo de personas privadas de su libertad y sus familiares
La Procuración Penitenciaria de la Nación –PPN- informó que un grupo de personas privadas de su libertad y sus familiares solicitaron ante la Secretaría de Comercio Interior la aplicación del programa Precios Cuidados en las proveedurías del Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza.
NoticiasJudiciales.INFO reproduce texto difundido por la PPN:
“Un grupo de personas detenidas en el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza solicitó a la Secretaría de Comercio Interior que intervenga ante los precios abusivos que ellos y sus familias deben abonar en la proveeduría del establecimiento.
Entre otros reclamos, solicitaron que se considere la petición de enero de este año de la Procuración Penitenciaria de la Nación, aún sin respuesta, que ya había denunciado los altos precios, irregularidades y abusos y sugería la necesidad de considerar la extensión de los controles a la situación de los consumidores en contextos de encierro.
La provisión de alimentos, elementos de higiene y de limpieza debe estar a cargo de la autoridad penitenciaria. Lamentablemente, sin embargo, es muy habitual que los propios presos o sus familias afronten muchos de los gastos necesarios para conseguir estos elementos, ante las deficientes entregas. Un informe de junio pasado del Centro Estudios Latinoamericanos sobre Inseguridad y Violencia de la Universidad Nacional de Tres de Febrero, por cierto, confirma las observaciones críticas de esta PPN, al dar cuenta de que casi la mitad de los detenidos federales no recibe papel higiénico, jabón, pasta dental ni cepillos de dientes y que en más de un 80 por ciento de los casos son las propias familias las que aportan la ropa de cama. El informe no discrimina la situación del servicio federal, pero en los totales generales denuncia que el 85% de las personas presas dice que su familia es la que proporciona alimentos.
En los diversos establecimientos penales federales funcionan almacenes o proveedurías concesionadas por el estado, que atienden con exclusividad a los consumidores en contextos de encierro y a sus familias. En el Complejo I, por ejemplo, funciona Casa Mahi. El problema es que ofrece diversos artículos a precios sensiblemente superiores a los que para la misma zona ofrece, por ejemplo, el supermercado Coto. Medio kilo de polenta se venden allí a 11 pesos, contra 6,35 del supermercado; 400 grs. de lentejas cuestan 15,00, frente a los 9,20 del súper; 1 kilo de manzana 19 pesos, frente a 11,75, o un kilo de lechuga 25, contra 11,80. Los precios no están exhibidos como marca la normativa y también hay problemas en la calidad de la entrega, por ejemplo, en productos que necesitan conservar la cadena de frío. La escasez de suministros esenciales para las personas detenidas es un problema recurrente y de extrema relevancia. En ocasiones, por sí sola refleja una práctica denigrante de sometimiento que exige un abordaje conjunto de todas las agencias estatales involucradas”.
