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17 de marzo de 2017 | 17:00

“Se ha logrado mejorar en el contacto con las víctimas de hechos de violencia institucional”

Afirmación de la Defensora General de la Nación, Dra. Stella Maris Martínez

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Dra. Stella Maris Martínez  FOTO: MPDN

La Defensora General de la Nación, Dra. Stella Maris Martínez afirmó “se ha logrado mejorar en el contacto con las víctimas de hechos de violencia institucional” durante su participación en un encuentro desarrollado en la sede de la Organización de los Estados Americanos /OEA.Desde el Ministerio Público de la Defensa de la Nación –MPDN – señalaron que la Dra. Stella Marís Martínez disertó en en el marco de la “Sesión Extraordinaria sobre los modos de prevención de tortura y otros tratos o penas crueles o degradantes que lleva adelante cada institución de la defensa pública de la región”.

noticiasjudiciales.info reproduce texto difundido por el MPDN:

“Durante su visita a la ciudad de Washington DC, Estados Unidos, la defensora general de la Nación, Stella Maris Martínez, participó ayer en la “Sesión Extraordinaria sobre los modos de prevención de tortura y otros tratos o penas crueles o degradantes que lleva adelante cada institución de la defensa pública de la región”, realizada en la sede de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

La Asamblea General de la OEA solicitó a la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos que efectúe el encuentro, mediante la resolución AG/RES. 2887 (XLVI-O/16), titulada “Promoción y Protección de Derechos Humanos, IX Hacia la defensa pública oficial autónoma como salvaguarda de la integridad y libertad personal, II”.

Allí, Stella Maris Martínez, en su carácter de secretaria general de la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas (AIDEF), habló en las presentaciones por grupos regionales.

La defensora general expuso sobre las funciones centrales del Programa contra la Violencia Institucional de la DGN, y cómo este articula su trabajo con otras áreas del organismo, como el Programa de Asistencia y Patrocinio Jurídico, la Comisión de Cárceles (encargada de verificar las condiciones generales de alojamiento, trato y tratamiento de personas privadas de libertad) y con los defensores públicos que asumen la representación en calidad de querellantes de víctimas de violencia institucional.

En su discurso, la defensora destacó las funciones de registro y sistematización de hechos de tortura, la realización de visitas a los establecimientos de encierro, la participación en campañas sobre la temática de su competencia; asimismo, su rol de vínculo con el futuro sistema nacional de prevención de la tortura y con los mecanismos locales creados por las provincias argentinas.

“A partir de este trabajo, se ha logrado mejorar en el contacto con las víctimas de hechos de violencia institucional, ocurridos en la vía pública o en contextos de encierro, y se ha dado contención a sus familiares cuando se encuentran en situación de vulnerabilidad social; también se avanzó en el intercambio de información y el seguimiento de estos casos”, destacó.

A su vez, hizo referencia a la publicación de la “Guía de buenas prácticas para la intervención de los defensores oficiales ante casos de tortura”, elaborada en el marco de la “Campaña nacional contra la tortura”, que llevó adelante el MPD para conmemorar el bicentenario de la Asamblea General Constituyente de 1813. La defensora general afirmó: “La tortura es una práctica sumamente vigente y los defensores públicos somos actores fundamentales en la lucha contra este mal, porque muchas veces somos los primeros en aproximarnos a las víctimas”.

Martínez también subrayó la importancia que tuvo que Naciones Unidas haya adoptado la versión revisada de las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, hoy denominadas “Reglas Mandela”, en la lucha contra la violencia institucional. Además, compartió la experiencia de la campaña que el MPD realizó junto con la Procuración Penitenciaria de la Nación durante el año pasado “para dar visibilidad pública a las Reglas Mandela y hacer un llamado a la reflexión sobre los propósitos de la cárcel y las condiciones en que deben cumplir su pena las personas detenidas.”

Junto con los integrantes de la AIDEF, participaron en la sesión representantes de los Estados Miembros de la OEA y sus respectivas instituciones públicas oficiales de asistencia jurídica, expertos del sector académico y de la sociedad civil, así como de las organizaciones internacionales.

A su vez, la misión argentina ante la OEA adelantó que la futura resolución de la Asamblea General fomentará a las defensorías públicas de las Américas para que apliquen en su trabajo cotidiano, y en el marco de su autonomía, las Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad. Esa iniciativa tiene el propósito de fortalecer la defensa de todos los grupos allí mencionados, remover los obstáculos que enfrentan para acceder a la justicia y, así, asegurar el goce de todos sus derechos.

Por último, el director del Departamento de Derecho Internacional,  Dr. Dante Negro, expuso sobre los Principios y directrices sobre la Defensa Pública en las Américas, documento elaborado por la AIDEF y adoptado por unanimidad el Comité Jurídico Interamericano (CJI) de la OEA, el día 13 de octubre de 2016, en el marco del 89º Período Ordinario de Sesiones, en la ciudad de Rio de Janeiro, Brasil (resolución CJI/RES. 226 [LXXXIX-O/16]). El Dr. Negro destacó la importancia de estos Principios en tanto que implican un gran avance para las defensorías públicas de la región.

Reuniones del Comité Ejecutivo y Consejo Directivo de la Asociación de la AIDEF

Por otra parte, el 15 de marzo la Defensoría General de la Nación participó en reuniones del Comité Ejecutivo y Consejo Directivo de la Asociación de la AIDEF.

En tal oportunidad, se trató la incorporación de dos nuevos defensores públicos interamericanos (uno por la Dirección Nacional de la Defensa Pública de Panamá y otro por la Asociación de Defensores Públicos de Honduras), que se agregarán al cuerpo vigente 2016-2019, entre otros temas propios de la AIDEF. Cabe recordar que los defensores públicos interamericanos actúan en casos ante la Corte IDH, en el marco del acuerdo de entendimiento entre la Corte Interamericana y la AIDEF (firmado el 25 de septiembre de 2009 en San José de Costa Rica); y ante la CIDH, conforme al acuerdo de entendimiento entre la CIDH y la AIDEF (rubricado el 8 de marzo de 2013 en Washington).

Además, se discutieron otras cuestiones, como la intervención de los defensores públicos interamericanos en siete casos que se encuentran en etapa de fondo ante la CIDH, y en diez casos ante la Corte IDH; la aprobación del Plan Estratégico de la AIDEF para la presente gestión, en la cual la Coordinación General de la Asociación se encuentra a cargo de la Defensoría Penal Pública de Chile; como así también la incorporación a la AIDEF del Consejo Federal de Defensores y Asesores Generales de la República Argentina.

Las reuniones, realizadas en el Salón San Martín de la Sede central de la OEA, contaron con la participación de referentes de un gran número de instituciones y asociaciones de la defensa pública del continente.

Asimismo, estuvieron presentes Andrés Mahnke (coordinador general y defensor nacional de la Defensoría Penal Pública de la República de Chile); Antonio Maffezoli Leite (subcoordinador de AIDEF y presidente de la Asociación Nacional de Defensores Públicos de la República Federativa del Brasil –ANADEP-, quien ha sucedido a Joaquim Neto en su cargo); Nydia Arévalo Flores (tesorera y directora general del Instituto de la Defensa Pública Penal de la República de Guatemala); Diana Montero (en representación de Marta Iris Muñoz Cascante, coordinadora de América Central y directora de la Defensa Pública de Costa Rica); Laura Hernández Román (coordinadora de Caribe y directora nacional de la Oficina Nacional de Defensa Pública de República Dominicana); Mario Alberto Torres (coordinador de América del Norte y director del Instituto Federal de la Defensoría Pública de la República de México); Germán Bauche (en representación de Fernando Lodeiro, vocal I y presidente de la Asociación de Defensores de la Nación Argentina, ADEPRA); Gloria Cartes (en representación de Selva Morel de Acevedo, por el cargo de vocal II, y defensora general interina de la República del Paraguay); Danilo Montenegro (fiscalizador de cuentas titular y director nacional del Instituto de la Defensoría de Oficio de la República de Panamá); Clarisa Ibarra (fiscalizadora de cuentas suplente y directora de la Defensoría Pública de Nicaragua); Ernesto Pazmiño Granizo (defensor público general del Ecuador); Matilde Alvarenga (del Instituto de la Defensoría de Oficio de Panamá); Mariana Oliveros (en representación de Susana Barreiros Rodríguez, defensora pública general de la República Bolivariana de Venezuela); y Pablo Sanzana Fernández (presidente de la Asociación de Defensores Penales Públicos de Chile)”.

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