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07 de diciembre de 2022 | 17:00

Se realizó encuentro sobre la respuesta al delito adolescente

Esta actividad se desarrolló en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

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Encuentro FOTO: CMCABA

El Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires -CMCABA- informó que se realizó encuentro sobre la respuesta al delito adolescente en la sede de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Noticiasjudiciales.info reproduce texto difundido por el CMCABA:

“.. se llevó a cabo, en el Salón San Martín de la Legislatura porteña, la presentación de estudios diagnósticos realizados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Conferencia de Ministros de Justicias de Países Iberoamericanos (COMJIB), en el marco de la jornada “Respuesta al delito adolescente. Estado de situación argentino-latinoamericana”. El evento fue organizado por la Unidad Consejero Alberto Biglieri del Consejo de la Magistratura local y estuvo destinada a Magistrados, funcionarios, Integrantes del Ministerio Público y empleados del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y público en general interesado en la materia.

El consejero Alberto Biglieri participó de la apertura del evento junto a las legisladoras de la CABA, Lucia Romano y Manuela Thourte y el Secretario General de Política Criminal y Asistencia a la Víctima del Ministerio Público Fiscal porteño, Alberto Nazer. Biglieri destacó la relevancia que tienen este tipo de estudios “que facilitan y permiten a los diferentes actores encarar en forma adecuada los procesos de toma de decisiones al respecto”. En este sentido aseguró: “Es fundamental el acceso al material recabado en estos estudios, sistematizar la información y difundirla”. Y concluyó señalando que “muchas veces las buenas ideas más allá del voluntarismo necesitan el aporte científico, de datos e información que posteriormente conlleven a la implementación de correctas políticas públicas”.

El objetivo de la jornada fue poner en conocimiento de operadores judiciales, legislativos, ejecutivos, y abogados de la matrícula información sobre los avances normativos y de políticas públicas, el uso de recursos interdisciplinarios y la aplicación de medidas extrajudiciales y restaurativas en la Justicia penal juvenil en Argentina y Latinoamérica.

En el primer panel se ahondó sobre la presentación del estudio de campo “Medidas Alternativa al proceso penal y a la privación de libertad en la justicia penal juvenil. El caso Argentino”, el cual estuvo coordinado por Noris Pignata de la Asesoría Tutelar y contó con las disertaciones del especialista líder en modernización del Estado del BID, Mauricio García Mejía y la investigadora independiente del CONICET, Carla Villalta.

En el segundo panel se presentó el estudio de campo “Análisis de los avances normativos y de políticas públicas en el marco del desarrollo de la Declaración Iberoamericana de Justicia Juvenil Restaurativa”, que contó con la participación de la Coordinadora General de la Conferencia de Ministros de Justicias de Países Iberoamericanos y miembro del Grupo Interinstitucional de Justicia Juvenil Restaurativa, Tatiana Salem, la coordinadora y codirectora de consultorías BID-COMJIB, Deborah Dobniewski, y la Secretaría Interdisciplinaria en Justicia Penal Juvenil, Romina Furió.

Los informes presentados destacan los avances, experiencias pioneras en programas, planes pilotos, protocolos o reformas legislativas con abordajes restaurativos en varias provincias argentinas como así también en diferentes países de Iberoamérica. Sin embargo al mismo tiempo los estudios concluyen que los avances no son generalizados, ni obligatorios ni institucionalizados, subsistiendo obstáculos aún vigentes en la respuesta al delito adolescente tales como la falta de especialidad en el proceso de ejecución de la pena, y en el juzgamiento conjunto de personas mayores y menores de edad en los casos de imputación conjunta, falta de aplicación de medidas desjudicializadoras, la desarticulación de los distintos sectores y la coexistencia con políticas represivas, la poca voz en los procesos penales de las víctimas y la comunidad, la ausencia de sistemas de información e investigación sólidos sobre eficacia de las intervenciones y comunicación de los resultados y  la ausencia de perspectiva de género transversal en las intervenciones entre otros”.