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21 de octubre de 2020 |
17:00
“Se requiere es una reforma del sistema presupuestario y del sistema tributario”
Afirmación del Defensor General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dr. Horacio Corti
El Defensor General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dr. Horacio Corti afirmó “se requiere es una reforma del sistema presupuestario y del sistema tributario” durante su participación en un encuentro virtual sobre sobre Medio Ambiente, Exclusión Social, Justicia y DDHH. Desde el Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires -MPDCABA- señalaron que en el mencionado encuentro virtual también se registró la participación de la Defensora General Adjunta, Dra. Graciela Christe.
Noticiasjudiciales.info reproduce texto difundido por el MPDCABA:
“Con la presencia del Defensor General de la Ciudad, Horacio Corti y de la Defensora General Adjunta, Graciela Christe, se llevó a cabo un encuentro virtual sobre medio ambiente, exclusión social, justicia y DDHH, desde la perspectiva de la doctrina del Papa Francisco y los desafíos que trae consigo la pospandemia.
La disertación estuvo organizada por el Capítulo Argentino del Comité Panamericano de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales y la Doctrina Franciscana, creado a fines del año pasado.
En su exposición para el panel relativo al medio ambiente, Graciela Christe se refirió a la ecología integral como vector social de crecimiento y a las palabras del Papa Francisco sobre el carácter inseparable de la preocupación por la naturaleza, el compromiso con la sociedad y la paz. En particular, destacó la convocatoria de Francisco a proteger “nuestra casa común”, teniendo en cuenta que no puede enfrentarse la degradación ambiental si no se presta atención a las causas de la degradación humana. Así, dijo que hay una sola y compleja crisis socio-ambiental, agravada por la aparición del COVID 19 y que para morigerarla una de las vías sería la agenda medioambiental.
En cuanto a las acciones encuadradas en el servicio de justicia, planteó Christe que el “buque insignia” debe ser la opinión consultiva N° 23/2017 de la Corte IDH, en la que el tribunal declaró el derecho al medio ambiente y el derecho a la protección de la vida y de la integridad personal frente a los daños al medio ambiente, como dos fuentes de derecho diferentes. Pues allí, dijo, estaría presente la inspiración de Francisco cuando habla de proteger a las personas de escasos recursos, los “descartables”, a partir del principio precautorio en materia ambiental.
Por su parte, al participar del segundo panel sobre “pobreza, exclusión y pospandemia”, Horacio Corti dijo que la exclusión es una característica estructural de nuestras sociedades, lo cual significa que hay una desigualdad arraigada que no se puede modificar por medidas parciales. Mencionó que el Art. 17 de la Constitución de la CABA reconoce la existencia de la exclusión social en la sociedad y obliga al Estado a asignar recursos financieros para superarla. “A partir de aquí se puede empezar a generar un macroderecho a la inclusión social”, expresó Corti.
Sin embargo, explicó que en Latinoamérica el efecto redistributivo de los recursos es muy bajo, no hay un sistema progresivo. “Lo que se requiere es una reforma del sistema presupuestario y del sistema tributario”, dijo entonces el Defensor, quien destacó el dictamen parcial del Senado sobre el aporte solidario, pero lamentó las críticas que recibió en los medios y en el mundo jurídico.
Finalmente, dijo que se necesita “un pensamiento y una práctica jurídica de otro tipo, más humanista, más solidaria” y más revalorizadora del principio de igualdad. Porque todos deben tener igualdad de condiciones y posibilidades para vivir una vida digna en comunidad. “Como dice Francisco, tenemos que ser una comunidad que navega en una misma barca”.
Disertaron también en el encuentro el Padre Carlos Acaputo, titular de la pastoral social de la CABA, diversos magistrados, juristas y especialistas en el tema (entre ellos Carlos Balbín, Guillermo Treacy, Roberto Gallardo y Fabiana Schafrik), y jueces de Colombia, Brasil y Perú integrantes del Comité Panamericano de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales y la Doctrina Franciscana”.
