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17 de septiembre de 2013 | 17:00

CPACF: un ejemplo de lo que pasa cuando los abogados miramos para otro lado

Por Daniel Rybnik *

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Dr. Daniel Rybnik

A poco de la restauración democrática en los ‘80s, en el recordado caso “Ferrari” la Corte consideró que no es contraria a la Constitución Nacional la Ley 23.187 al delegar en el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal el ejercicio del poder de policía sobre el ejercicio de la abogacía en el territorio de la Ciudad de Buenos Aires.

La luz verde para la colegiación obligatoria, no significó la derogación del derecho a la libertad de asociación en su vertiente negativa (el llamado “opt out”), porque –decía el Supremo Tribunal- la inscripción en la matrícula del CPACF no importa ingresar a un vínculo asociativo con los demás miembros.

El art. 14 de la Constitución Nacional reconoce el derecho a “asociarse con fines útiles” y la Declaración Universal de Derechos Humanos que integra el bloque de constitucionalidad federal en virtud del art. 75, inc. 22 del texto constitucional no deja margen para la duda cuando establece en su art. 20 que “nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación”.

El CPACF es una entidad de derecho público no estatal que como todo órgano administrativo -y a diferencia de los particulares-, para actuar legítimamente, requiere de una norma que le confiera expresamente de habilitación, es decir, que su funcionamiento se debe ajustar a las funciones, deberes y facultades establecidas en su Ley de creación, que son, principalmente el control de la matrícula y el poder disciplinario.

El mismo fallo “Rizzo” en el que la Corte puso un límite a la omnipotencia de uno de los poderes públicos, aplica para el CPACF en el sentido de que como toda autoridad republicana está sujeto a un numerus clausus según el cual no puede ejercer lícitamente otras facultades que las que le han sido conferidas expresamente.

Por respeto a la legalidad, los abogados nos vemos forzados a colegiarnos para poder trabajar, lo que no quiere decir que aceptemos la escalada creciente de aumentos en la cuota anual y en el bono de derecho fijo que impone el CPACF para solventar gastos que en el corriente ejercicio se elevarían a $ 89 millones destinados principalmente a actividades ajenas a su competencia legal como préstamos, jardín maternal, turismo, medicina prepaga, publicidad, escuela de postgrado y de mediación, tramitación de documentos, licencias de conducir, bancos y un sinnúmero de “kioskos” que se multiplican con inusitada rapidez.

Todas estas actividades le permiten mantener un séquito de funcionarios -legos y letrados- que responden ciegamente a la “regla del oro”, esa que dice que quien tiene el oro hace las reglas, tanto en la nómina del CPACF como en otros órganos públicos como los Consejos de la Magistratura de la Nación y de la CABA.

Además, este Colegio polirrubro divulga las opiniones personales de su presidente como si fueran las de todos los matriculados, o mediante peligrosísimos silencios acomodaticios otorga mucho más que lo que calla, y así deja mal parados y francamente desprestigia -por el alcance mediático- a los abogados todos. Así como salió en defensa de Zaffaroni cuando ganó notoriedad el destino de sus departamentos, declaró persona no grata a la colega Diputada Paula Bertol, distribuye gratuitamente publicaciones de quienes niegan el holocausto y omitió pronunciarse sobre gran parte de las violaciones constitucionales cometidas por este gobierno.

Tal es la impunidad que impera en el CPACF, que no se presentan balances desde Mayo de 2011, quien preside la Comisión que debe dictaminar sobre el balance es cónyuge de quien debe prepararlo, y se instruyó un sumario disciplinario a una colega que lo solicitó, porque el día que le contestaban (negativamente) por carta, no se encontraba en su domicilio profesional!

En los últimos comicios, además de que votaron menos del 20% de los matriculados, intentaron proscribir a la agrupación “Bloque Constitucional”, que consiguió oficializar sus listas de candidatos gracias a una medida cautelar de la justicia electoral apenas dos días antes de los comicios. En una reciente presentación judicial, el CPACF solicitó que se declare inexistente la agrupación “Bloque Constitucional” y removidos todos sus delegados ante la Asamblea!

Para poner un freno a los excesos del colegio obligatorio, mantenemos una acción judicial contra los aumentos de la cuota anual y el bono de derecho fijo, hemos solicitado la intervención de la Oficina Anticorrupción y de la Auditoría General de la Nación y participado en las Asambleas y las reuniones de las Comisiones de Reglamento y de Presupuesto, Finanzas y Cuentas.

Seguramente hay muchas más cosas que podemos hacer y que si logramos actuar coordinadamente tendremos mayores posibilidades de éxito, como expresar formal protesto contra el pago de la matrícula de $ 800 y del bono de derecho fijo de $ 45 que encarecen el ejercicio profesional y el acceso a la justicia.

Sin embargo, dentro de las acciones a seguir, es absolutamente necesario que nos comprometamos a participar de las elecciones del Colegio, si es posible como candidatos, y si no, aunque sea como electores, para así poder dar el salto de calidad que nos permita desmantelar el corporativismo coactivo de la abogacía, que estorba el florecimiento de profesionales responsables y el acceso a la justicia para la población.

* Presidente de Bloque Constitucional – Lista 61, en la Asamblea de delegados del CPACF