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29 de septiembre de 2010 |
17:00
Cuestionan al Gobierno de la Ciudad por derogar decreto sobre postulación de Jueces del Superior Tribunal de Justicia
Una serie de organizaciones no gubernamentales enviaron una carta al Jefe de Gobierno. Ing. Mauricio Macri rechazando la derogación del Decreto N° 1620/03
Organizaciones de la sociedad civil presentaron una carta al Jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Ing. Mauricio Macri para manifestar su preocupación a raíz del dcitado del Decreto N° 713/10 que deroga la normativa que regulaba el procedimiento para la propuesta de candidatos para ocupar cargos de Juez en el Tribunal Superior de Justicia, Fiscal General, Defensor General y Asesor General Tutelar. La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, Asociación de Abogados de Buenos Aires, Asociación por los Derechos Civiles, Centro de Estudios Legales y Sociales, Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento, Colectivo Para la Diversidad, Fundación Ambiente y Recursos Naturales, Observatorio de Derechos Humanos de la Ciudad de Buenos Aires y Poder Ciudadano señalaron que el ahora derogado Decreto N°1620/03 había constituido “un destacado avance en dirección a fortalecer y legitimar tanto el sistema de justicia como la propia vida política e institucional de la ciudad”.
También las entidades precisaron que el Decreto N°1620/03 “se convirtió así en uno de los escasos puntos de acuerdo existentes entre la mayoría de los partidos políticos y movimientos sociales porteños, y permitió que el mecanismo para la designación de funcionarios judiciales fuera un procedimiento participativo, abierto y dotado de publicidad, con capacidad para garantizar pisos mínimos en el perfil de los candidatos, vinculados con el compromiso con el sistema democrático y la vigencia de los derechos humanos”.Además denunciaron que “e l Ejecutivo porteño consideró que la normativa representaba un obstáculo para las designaciones y decidió derogarla”. Para las organizaciones la derogacion cuestionada “constituye un fuerte retroceso” y precisaron que “comprometerá la legitimidad de quienes ocupen futuras vacantes, será un precedente regresivo en el camino de fortalecer el sistema democrático de la Ciudad, y ocasionará un fuerte e injustificado impacto negativo en la legitimidad del Poder Judicial”.
