Desbarataron una red de trata de personas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

El Ministerio Público Fiscal de la Nación -MPFN – informó que se desbarató una de trata de personas con fines de explotación sexual y que se clausuraron dos prostíbulos ubicados en el barrio de Flores. Desde el MPFN señalaron que la investigación se inició a raíz de comunicaciones anónimas recibidas en el mes marzo del año 2017 a través de la línea 145 del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el delito de Trata del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, y de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas /Protex. En estas actuaciones intervino la Fiscalía Federal en lo Criminal y Correccional N°5 de la Capital Federal.

noticiasjudiciales.info reproduce texto difundido por el MPFN:

“A instancias de la Fiscalía Federal en lo Criminal y Correccional N°5 y la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), el Juzgado Federal N°7 dispuso el procesamiento de siete personas -dos de ellas con prisión preventiva- acusadas de conformar una organización dedicada a la trata de personas con fines de explotación sexual, actividad que tenía como epicentro el funcionamiento de dos prostíbulos en el barrio porteño de Flores. La resolución del juez Sebastián Casanello estableció además una serie de medidas cautelares de orden patrimonial, entre ellas el embargo con fines de decomiso de los mencionados locales y los inmuebles linderos, donde se consumaba la explotación. Por último, el magistrado decretó la rebeldía de dos de los principales involucrados y, en consecuencia, mantuvo vigente la orden de captura local e internacional oportunamente dictada.

La causa tuvo su origen en sendas comunicaciones anónimas recibidas en marzo de 2017 a través de la línea 145 del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el delito de Trata del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, y de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex). En ellas, se denunciaba la existencia y funcionamiento de un prostíbulo denominado “Lola” en Juan Bautista Alberdi al 3100, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde a las mujeres se les exigía -bajo presiones y amenazas- acompañar a los clientes/prostituyentes para que consuman alcohol y, luego, para mantener relaciones sexuales en un albergue transitorio ubicado a escasos metros, que trabajaba vinculado al mencionado local.

Trabajo conjunto y mirada integral 

La instrucción de la causa quedó delegada en la Fiscalía Federal N°5, a cargo de Franco Picardi, quien contó con la colaboración de los fiscales Alejandra Mángano y Marcelo Colombo, cotitulares de la Protex. El trabajo conjunto permitió una mirada integral sobre un conjunto de causas de larga data que en determinado momento habían alcanzado parcialmente a algunos de los integrantes de la organización, lo que sumado a las distintas medidas de prueba llevadas a cabo en las presentes actuaciones -intercepciones telefónicas, secuestro y análisis de documentación, tareas de campo, entre otras- permitió delinear la existencia y funcionamiento de una organización dedicada a la explotación sexual de mujeres en situación de vulnerabilidad.

Se habría explotado sexualmente al menos a 65 mujeres, presumiblemente desde hace una década. El 13 de marzo los fiscales pidieron allanamientos, clausuras, detenciones e indagatorias.

El 13 de marzo pasado, los fiscales presentaron un dictamen con los resultados de la investigación, y requirieron una serie de allanamientos, clausuras, detenciones y declaraciones indagatorias. Señalaron que se encontraba acreditada la existencia de dos prostíbulos -el mencionado “Lola” y otro ubicado en Varela 64, denominado “Victoria” (ex “Lulú”)- en los que se habría explotado sexualmente al menos a 65 mujeres -la cantidad de víctimas que fueron identificadas con sus datos personales en allanamientos o inspecciones- presumiblemente desde hace una década.

En cuanto al funcionamiento y la estructura jerárquica de la organización, la pesquisa identificó en el nivel superior a cuatro individuos -dos hombres y sus hijos- como los líderes de la banda e indicaron que, para que sus nombres no figuren directamente vinculados a los domicilios investigados, utilizaron a “encargados/as”, que tenían como misión ser la cara visible en los locales. En efecto, la presentación de los fiscales -posteriormente convalidada por el juez- describe y enumera las pruebas que vinculan a los principales responsables de la banda con las acciones típicas que configuran el delito de trata, esto es, la captación, el traslado y el acogimiento con fines de explotación.  En este sentido, en las intercepciones telefónicas abundan diálogos referidos “al ofrecimiento de chicas”, en tanto que los registros migratorios señalan salidas e ingresos al país desde países limítrofes, acompañados de mujeres que posteriormente eran encontradas en los locales allanados.

Presunta protección policial y vinculaciones políticas

Los fiscales señalaron asimismo la presunta protección policial que habría facilitado y respaldado el funcionamiento de los prostíbulos. En esa línea, existen intercepciones telefónicas que dan cuenta de supuestos “arreglos con los de la Brigada” y, más aún, otra conversación hace referencia a la llegada de dos integrantes de la fuerza policial para advertirle a un encargado de uno de los prostíbulos “que saquen a las pibas que tienen encanutadas”. De hecho, los locales recientemente clausurados habían sido inspeccionados en reiteradas oportunidades. En una de ellas, en diciembre de 2012, el procedimiento permitió liberar a una mujer de nacionalidad peruana que se encontraba encerrada -bajo llave y candado- en el local ubicado en Varela 64.

Los fiscales señalaron la presunta protección policial que habría facilitado y respaldado el funcionamiento de los prostíbulos, de la que daría cuenta una serie de intercepciones telefónicas.

Por otra parte, la organización contaba con vinculaciones en el ámbito político. Uno de los indicados como líder de la organización, Marcelo Gregorio Uscheroff, fue funcionario público de la Municipalidad de Tres de Febrero por lo menos entre el mes de febrero de 2016 y el 3 de enero de 2018, cuando el intendente del municipio aceptó su renuncia. Durante ese período se desempeñó como Director de Asuntos Institucionales y como representante municipal ante la Dirección Provincial de Personas Jurídicas del municipio. En el ámbito político utiliza el alias “Marcelo Locatti”. Actualmente, tanto él como su hijo se encuentran con pedido de captura.

El juez Casanello dictó el procesamiento con prisión preventiva de Gustavo Medina y su hijo Jonathan como coautores del delito de trata de personas con fines de explotación sexual agravada por el aprovechamiento de la situación de vulnerabilidad de las víctimas, por la intervención de tres o más personas y por concurrencia de tres o más víctimas. Los restantes acusados fueron procesados bajo la misma figura pero en calidad de partícipes necesarios y -si bien continuarán el proceso en libertad- se les impuso un conjunto de obligaciones”.