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18 de junio de 2020 | 17:00

El Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad trabaja en un protocolo de actuación frente al COVID-19

Se aplicará en las villas, asentamientos y los barrios populares

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El Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires -MPDCABA- informó que trabaja en la elaboración de un protocolo especial de actuación frente al COVID-19 para su aplicación en las villas, asentamientos y los barrios populares.

noticiasjudiciales.info reproduce texto difundido por el MPDCABA:

“Desde hace algunas semanas, la Defensoría N°5 CAyT, a cargo del Defensor Ramiro Dos Santos, y los equipos de Abordaje territorial del MPD participan de la mesa de trabajo que se organizó como resultado del expediente judicial “Álvarez c/GCBA s/amparo”, el cual solicita al GCBA la elaboración de un protocolo especial de actuación frente al coronavirus en villas, asentamientos y distintos barrios populares de la ciudad que se encuentran en situación de vulnerabilidad.

De la mesa de trabajo -organizada conforme a lo solicitado por el Juez Reynoso- también participan diversas organizaciones de la sociedad civil (CELS, ACIJ, Observatorio del Derecho a la Ciudad, La Boca Resiste y Propone), los presidentes de las Comunas 4 y 8 de la Ciudad, y vecinos y referentes de los distintos barrios, además de las autoridades de los Ministerios de Salud y de Desarrollo Humano y Hábitat de la Ciudad de Buenos Aires. La mesa se organizó con el objetivo de proponer protocolos eficaces para una adecuada respuesta del Estado frente a las necesidades urgentes de los barrios vulnerables.  En este sentido, el MPD junto a otras instituciones formuló un documento denominado “Recomendaciones para un protocolo especial de actuación frente al coronavirus en villas y asentamientos”.

Lamentablemente, esta Mesa de trabajo hoy se ve obstaculizada por incidencias procesales dilatorias, a partir de que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires recusó al magistrado Reynoso por haber dictado una medida cautelar en favor de un menor de 15 años que vivía en un asentamiento en Zona Sur. La medida protegía su derecho a la alimentación y atención adecuada, tal como lo había solicitado previamente la Asesoría Tutelar. El GCBA alegó que el magistrado se “extralimitó” en sus funciones, cuando en realidad simplemente se estaba cumpliendo una función de garantizar derechos básicos.

Con motivo de lo sucedido, para el Ministerio Público de la Defensa resulta esencial coordinar y reforzar todos los esfuerzos para la prevención, atención y asistencia de todas las personas afectadas por la pandemia. Es especialmente preocupante la situación de los barrios vulnerables de la Ciudad que cuentan con servicios públicos deficientes y padecen situaciones de déficit habitacional o hacinamiento, así como dificultades para para resguardar derechos básicos como la seguridad alimentaria o el acceso al agua potable.

En este marco, el MPD, llama a reforzar todas las políticas públicas de protección de derechos: políticas de vivienda y prevención de desalojos, atención de la salud, alimentación adecuada, protección frente a la violencia de género, etc. y reafirma la necesidad de continuar trabajando en la formulación de protocolos para villas y asentamientos con mirada amplia que incluya a  todos los barrios con déficit habitacional y situaciones de vulnerabilidad social, para buscar soluciones eficaces en el resguardo de los derechos de sus habitantes”.