"En la comunidad internacional hay un consenso acerca de que la identidad de género es un motivo de discriminación”

La Juez en lo Penal, Contravencional y de Faltas Karina Andrade afirmó “en la comunidad internacional hay un consenso acerca de que la identidad de género es un motivo de discriminación” en el marco de su participación en la jornada sobre la Ley de Identidad de Género realizada en el Salón Azul de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Desde el Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires -CMCABA- señalaron que la Dra. Karina Andrade además precisó “si nosotros sabemos y partimos de la base que hay personas trans, travestis-trans que no conocen sus derechos, es nuestra obligación como Estado ponerlos en conocimiento en cada instancia donde sea necesario”.

noticiasjudiciales.info  reproduce texto difundido por el CMCABA:

“La titular del juzgado n.°15 en lo Penal, Contravencional y de Faltas, Karina Andrade, participó como expositora de la jornada sobre la Ley de Identidad de Género realizada en el Salón Azul de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, organizada por el Centro de Justicia de la Mujer.

La jueza comenzó su exposición ante un auditorio colmado, señalando que: «Hablamos en un día como hoy de algo que pasó hace 10 años, lo importante de la memoria, lo que mencionaba Florencia Guimaraes, de que la memoria permite sostener los derechos, porque muchos de los que estamos acá somos abogados y abogadas y sabemos que los derechos son conquistas pero todo el tiempo están interpretándose. Todo el tiempo estamos discutiendo qué significa que tengamos ese derecho y que además hay que ir definiéndolo y sosteniéndolo».

«Soy jueza penal y mi contacto en general con las personas sobre todo travestis- trans, es desde un lugar de esas personas como imputadas por delitos y vengo a exponer puntualmente quizás más sobre los desafíos. Me parece formidable que haya en esta jornada distintos operadores jurídicos de este Poder Judicial de la Ciudad», sostuvo la magistrada.

Andrade profundizó sobre el contenido de la norma: «la ley habla en cuanto a la identidad, en cuanto a los derechos, nos trae un montón de conceptos que también son tomados por los organismos de derechos humanos, es decir que tenemos una vasta jurisprudencia, una vasta normativa y un cuerpo enorme que además de esta ley que nos viene a decir muchas cosas: las violencias que padecen otras identidades, muchas instancias de los procesos penales que nos toca a algunos operadores ser parte o controlar o investigar o defender desde distintas posturas».

«El tema a definir y también como desafío de estas jornadas es cómo bajamos todo eso, porque hay un consenso sobre muchas cuestiones en relación a las violencias que se sufren, a la discriminación; hoy estamos de acuerdo en que la discriminación sigue existiendo. Entonces cuál es la deuda o el desafío, o la responsabilidad que tenemos como operadores jurídicos en lo concreto, cuando nos llega un caso, cuando tenemos en frente a una persona en general travesti-trans, que también es tomada asi por los derechos humanos, ingresan al sistema penal en conflicto con la Ley penal», remarcó la magistrada. Y agregó: «En primer lugar nosotros vemos que la Ley dice ‘a su solo requerimiento en virtud del interesado’ y esto lo menciono porque me ha tocado tener alguna situación en audiencias concretas en donde lo que hay respecto de la confusión y de la formación de los propios operadores que tiene que ver con la formación, quizás hay que ponerse de acuerdo desde el primer momento; cómo tenemos que garantizar ese derecho».

Respecto del ámbito internacional Andrade recalcó que «en el Sistema Interamericano la ‘identidad se encuentra ligada al concepto de libertad y a la posibilidad de la persona de autodeterminarse’, está ligado al concepto de libertad y a la vez de ejercer su derecho, una instancia que ya nos lleva al propio proceso penal».

«Si nosotros sabemos y partimos de la base que hay personas trans, travestis-trans que no conocen sus derechos, es nuestra obligación como Estado ponerlos en conocimiento en cada instancia donde sea necesario», indicó lajueza. E insistió «lo que traigo como exposición es ir viendo en cada acto de un proceso es como tenemos que ir repensando la obligación estatal y no tanto el ejercicio del derecho del justiciable».

«La situación de las personas travestis-trans en conflicto con la ley penal viene siendo abordada desde un lugar muy importante desde los organismos de Derechos Humanos, hay una investigación que quiero destacar de la Procuración General de la Nación en el que hay un estudio de casos del periodo del 2013 al 2019 que parte de un relevamiento de procesos judiciales donde se visibilizan las dificultades que los colectivos enfrentan en su acceso a la justicia en relación al derecho a la identidad. Y ahí se mencionan dos cosas: las fuerzas de seguridad y el sistema de justicia son las instancias que mayor violencia ejercieron en contra de estas personas y que un 52% de las mujeres travestis y trans dijeron no denunciar las situaciones de violencia por la escasa confianza que les genera el sistema de la administración de justicia penal», expresó la jueza en lo Penal, refiriéndose a la importancia de las estadísticas.

«En la comunidad internacional hay un consenso acerca de que la identidad de género es un motivo de discriminacion, que sigue existiendo pese a las reformas legislativas que todos los países de la región venimos teniendo, incluso al actualizarse las regla de Brasilia en el año 2018 se incorpora a las personas travestis-trans en la noción de grupos en condición de vulnerabilidad», afirmó Andrade. Y sumó «a nosotros como operadores de justicia nos faltan más  protocolos, o sea nos falta pensar en el acto procesal chiquito, qué tenemos que hacer para que esa persona tenga garantizado el derecho que ya tiene».

«Nosotros tenemos un informe del 2015 que hace la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es de violencia contra la personas lesbianas, gay, bisexuales, trans e intersex en América donde dice que ‘en toda nuestra región existen deficiencias en la investigación y procesamiento penal de estos casos de violencia, tales como el prejuicio contra las orientaciones sexuales, identidad de género, que eso influye en las formas en las que se conducen las investigaciones así como la ausencia de un enfoque diferenciado’», comentó la magistrada.

«El INDEC en el 2012 registró una primera encuesta sobre la población trans que el 83% de esas personas habían sido víctimas de grandes actos de violencia y discrimancion policial a ello se suma que las estadísticas tampoco son tan confiables, no pueden verse todavía como un total reflejo de la violencia», concluyó Andrade".