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19 de diciembre de 2014 |
17:00
Eugenio Zaffaroni y Alejandra Gils Carbó analizaron la reforma del sistema procesal penal
Se desarrolló una reunión en la sede de la Procuración General de la Nación
El Ministerio Público Fiscal de la Nación- MPFN – informó que la Dra. Alejandra Gils Carbó – Procuradora General de la Nación – y Eugenio Zaffaroni -Ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación - analizaron la reforma del sistema procesal penal. Desde el MPFN señalaron que el Dr. Eugenio Zaffaroni se refirió al impacto social que generará la mencionada reforma.
NoticiasJudiciales.INFO reproduce texto difundido por el MPFN:
Eugenio Raúl Zaffaroni se reunió esta tarde con la procuradora general, Alejandra Gils Carbó, para analizar la implementación del sistema acusatorio que conlleva la reforma del Código Procesal Penal, sancionada recientemente por el Congreso de la Nación. En diálogo con Fiscales, el ministro de la Corte Suprema se refirió al impacto social que generará la reforma y los desafíos que implica.
En ese sentido, consideró que “el sistema acusatorio acabará con una figura bastante retrógrada que es la del juez de instrucción, que es una especie de policía judicial, con un poder discrecional muy amplio. Es una contradicción en los términos hablar de un juez de instrucción. Se supone que el juez es una figura imparcial y si está investigando, por definición, muy imparcial no es”. Consideró también que el nuevo modelo había sido establecido en la Constitución Nacional, con los juicios por jurados “entendiendo esa expresión en un sentido dinámico, como participación popular”.
Al referirse a los desafíos que conlleva la reforma, tanto en el Poder Judicial como en el Ministerio Público Fiscal, hizo hincapié en que “habrá un sector de jueces de instrucción que no querrán perder ese poder arbitrario que tienen. Será necesario entonces analizar bien antes de ponerlo en funcionamiento. Un código penal es gratuito, no cuesta nada. Un código de procedimiento requiere una infraestructura, por lo que habrá que cuantificar el volumen de conflictividad que se quiere procesar y adecuar las estructuras. Y además pensar en un código penal para bajar el nivel de conflictividad y poder encontrar mecanismos alternativos para canalizar los conflictos. Hay que jerarquizar infracciones. A partir de la reforma del año 94, cuando el Ministerio Público deja de depender del ejecutivo y pasa a ser un órgano extrapoder, ya se tendría que haber implementado el sistema acusatorio”.
