Firmaron un convenio para mejorar los controles y reforzar las auditorías
Es un acuerdo celebrado entre la Procuración del Tesoro de la Nación y la Sindicatura General de la Nación.

La Procuración del Tesoro de la Nación -PTN - y la Sindicatura General de la Nación –SIGEN - firmaron un convenio para trabajar en conjunto con el fin de reforzar los controles y auditorias sobre los actos judiciales que llevan adelante las dependencias del Estado Nacional. El acuerdo lleva la firma de los Dres. Joaquín da Rocha - titular de la PTN - y Daniel Reposo - titular de la SIGEN -. Mediante este convenio la PTN y la SIGEN intercambiarán información sobre los resultados obtenidos en las auditorias integrales, individuales y/o por grupos de juicios y sumarios disciplinarios, y/o sobre la gestión de los servicios jurídicos permanentes de los distintos entes y jurisdicciones.
Durante el acto de la firma del nuevo convenio, el Dr.Joaquín da Rocha expresó que“el Estado debe estar donde hace falta garantizar el libre juego del mercado” y valoró que esa situación hace precisamente que debe estar bien organizado y auténticamente integrado por los más idóneos. Además expresó que el acuerdo celebrado “tiende precisamente a uno de los sectores principales que es el sector jurídico”.La PTN informará sobre los sumarios disciplinarios y auditorías de juicios que se llevan a cabo sobre las más de 100 delegaciones de Abogados del Estado para propiciar investigaciones sobre esas actuaciones, mientras que la SIGEN se compromete a supervisar el cumplimiento de las observaciones dictadas.
Tambén el Dr. Daniel Reposo manifestó que la firma del convenio constituye "un día histórico” porque ir complementando esfuerzos junto con la PTN generará la unión de “dos organismos que tienen una mirada trasversal de todo el sector público”. Ademas el titular de la SIGEN precisó que la PTN “ejerce como Ministerio de acuerdo a la Ley, la jefatura de todo el cuerpo de Abogados del Estado”. El nuevo convenio establece que la PTN informe periódicamente a la SIGEN sobre los organismos cuyos servicios jurídicos no cumplan con la remisión de datos actualizados para completar las bases del Sistema Informático de Gestión Judicial y el Sistema Informático de Sumarios.