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23 de abril de 2014 | 17:00

Jerarquizar la Abogacía

Por el Dr. Enrique Del Carril – Candidato para integrar el Tribunal de Disciplina del Colegio Público de Abogados de la Capital Federa por la Lista 61 “Bloque Constitucional”-

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Dr. Enrique Del Carril

¿Cuál debe ser la aspiración razonable de los abogados de la Ciudad Autónoma de Buenos aires?. Si somos realmente sinceros cualquier persona que ha elegido una profesión aspira a que la misma esté jerarquizada en la sociedad. Sin duda la motivación económica está fuertemente presente en cualquier quehacer y, no lo es menos, en la abogacía. Somos abogados y queremos vivir del ejercicio de nuestra profesión.

Ambos fines no son incompatibles. Por el contrario, a mi juicio son complementarios. El desarrollo de nuestra profesión es un ejemplo de ello pues, a medida que la abogacía fue desprestigiándose el ingreso económico de todos los abogados, por lo menos aquellos que mantuvieron una línea de conducta, fue disminuyendo.

La pregunta del millón es por qué ocurrió eso en la Argentina, especialmente a partir de mediados del siglo pasado. Un análisis desapasionado lleva a identificar como causas principales: la decadencia del Estado de Derecho, el exceso de abogados mal formados y la tendencia a una autodefensa basada en el aumento del corporativismo.

Respecto del Estado de Derecho, los abogados tenemos parte de la responsabilidad que debemos asumir. Pero la realidad es que es un problema de toda la ciudadanía. No esperemos que los juristas solucionemos solos este problema ni que tengamos, por nuestra profesión, una misión especial (salvo en nuestro deber de educar a la ciudadanía en el respeto a la ley). Se trata de una tarea de toda la ciudadanía que debe ver las ventajas de una sociedad con instituciones fuertes basadas en el respeto a la ley.

El exceso de abogados sí es una responsabilidad nuestra. Durante muchos años hemos dejado que este fenómeno creciera y no nos hemos preocupado de ello. La situación impacta directamente en la profesión porque, aplicando criterios económicos, no cabe duda que se produce un exceso de oferta que, unido a la disminución del trabajo producto por la falta de desarrollo, el ingreso de los abogados baja y, muchos de ellos ingresan a las filas de desocupados o de “abogados ocasionales” que ejercen su profesión solo unas horas a la semana y están dispuestos a cobrar bajo sus servicios.

El intento de solucionar estos problemas lleva de la mano a acentuar el corporativismo profesional. Le doy a este concepto el sentido de pretender crear instituciones obligatorias que, con medidas exclusivamente proteccionistas, intenten paliar los males antes aludidos operando sobre los efectos y no sobre las causas.

Aquí surgen algunos temas importantes para la reflexión. El primero es el del control de la profesión. Sin duda la abogacía es una profesión de interés público pues de su correcto ejercicio está en juego el funcionamiento de las instituciones, especialmente el Poder Judicial que requiere, como requisito indispensable un correcto ejercicio del derecho de defensa del ciudadano y que se garantice el acceso a la Justicia de todos.

Partiendo de esta premisa no dudo en ser partidario del control de la profesión por los propios abogados con la debida revisión judicial. Me baso en que la independencia del abogado es fundamental por lo que el acceso y permanencia en la matrícula no puede depender del Poder Ejecutivo y tampoco parece práctico que lo sea del Poder Judicial representado por los jueces, sin perjuicio de las naturales facultades disciplinarias que le corresponden en la dirección de los procesos a su cargo.

Pero el hecho de sostener que son los propios abogados quienes deben controlar el ejercicio profesional -insisto, con la debida revisión judicial- no necesariamente nos lleva a la asociación obligatoria a una sola entidad, consejo o colegio profesional y, si se opta por esta solución como ocurre en nuestro ámbito, el aporte de los abogados a la misma debe limitarse a las actividades propias de control y no distraerse en otros menesteres. Comenzaré por aquellas actividades que son propias del control profesional.

Sin duda la más importante es el cumplimiento de reglas de Ética Profesional entendidas estas como normas cuya finalidad principal es el mejor ejercicio de la abogacía para garantizar el derecho de defensa de nuestros clientes. O sea que el Código de Ética de la Abogacía debe tener como principal objetivo la defensa del cliente. Sin duda es necesario contemplar normas de respeto entre colegas pero siempre orientadas a que el diálogo franco y desapasionado entre abogados que defienden distintos intereses contribuye a la solución del conflicto.

Esta finalidad exige que la proporción más importante del ingreso de un Colegio Profesional, cuando es obligatorio, esté destinado a la constitución y mantenimiento de un prestigioso Tribunal de Disciplina, transparente y con acceso fácil a la ciudadanía. No debemos temer a “la caza de brujas” si elegimos buenos jueces que lo integren y exigimos el patrocinio letrado para evitar aventuras o venganzas personales.

Algunas de las restantes tareas que hacen estrictamente al control de la matrícula son mayoritariamente burocráticas: se trata de aquellas referidas a la inclusión y exclusión de profesionales, el cobro de la cuota, etc.

No se me escapa que existe un debate sobre temas muy importantes como es el de la formación de los abogados y las exigencias de conocimiento de técnicas o habilidades para el ejercicio de la profesión. En otros países del mundo esta misión la cumplen los Colegios Profesionales. También existen modelos como el de Japón donde es una misión de la Corte Suprema de Justicia y, finalmente, todavía se mantienen sistemas como el nuestro donde es la Universidad la que otorga el título habilitante. Pero pienso que este debate no tiene porqué estar relacionado con el Colegio de Abogados único o la pluralidad al que más adelante me referiré.

Paso a aquellas tareas que un Colegio Público no debe hacer porque administra fondos proporcionados por abogados diferentes, con diferentes necesidades y disímiles ideologías o concepciones del mundo.

En primer lugar el Colegio Obligatorio, en aquellos lugares que existe, no puede opinar sobre política ni adherirse a ideas, principios o praxis de los partidos. Este vicio nos lleva a concebir la organización política como un sistema de corporaciones. El Colegio de Abogados Obligatorio debe preocuparse de los problemas profesionales pues no tiene un mandato para asumir posturas políticas o morales, por muy loables que nos parezcan a algunos. Para eso están los partidos o las asociaciones libres, que pueden ser profesionales a las cuales nos adherimos voluntariamente. En este sentido me parece lamentable que en todas las campañas previas a las elecciones del Colegio tanto el periodismo como los mismos protagonistas de las mismas identifiquen los distintos grupos como afines o parte del radicalismo, el Pro, el Peronismo etc. En esta elección los abogados no debemos permitir que se debatan lealtades con partidos políticos, pues lo importante es el ejercicio independiente de nuestra profesión, amenazada cuando nuestros dirigentes salen de alianzas más o menos explicitas con partidos políticos.

En segundo lugar, el Colegio Obligatorio no es una mutual de servicios asistenciales ni un club. Podrá llevar adelante actividades accesorias de asistencia al abogado en el ejercicio profesional como proporcionarle ámbito y medios para cumplir determinadas tareas. También podrá brindarle servicios de otro tipo (asistenciales, deportivos, de consumo etc.), siempre que estén especialmente arancelados y no sean asumidos con el dinero de todos: aquellos que los requieren y aquellos que no les interesa. A estos fines la transparencia en el uso de los recursos, la auditoría externa de sus balances y el control del gasto por la asamblea son esenciales.

Hoy nuestra realidad es compleja porque estamos inmersos en un sistema de colegiación obligatoria a una única entidad. A mi juicio debemos aspirar a un sistema en que cada abogado pueda asociarse libremente a la entidad profesional que represente sus concepciones políticas, aspiraciones humanas y morales. De esta forma su aporte se dirigirá a aquellas actividades que considera prioritarias. A su vez, debería existir un Tribunal de Disciplina cuyos miembros tengan requisitos que aseguren su idoneidad e imparcialidad, elegido periódicamente por todos los abogados.

Creo que muchos abogados comparten, con sus más y sus menos, estas ideas. El actual proceso electoral en el Colegio Público de Abogados es una oportunidad para instalarlas y, cualquiera fuese el resultado de las elecciones, mantener el debate en el futuro.

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