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29 de abril de 2014 | 17:00

Justicia Electoral robotizada

Por Alberto Asseff

- Diputado Nacional UNIR- FRENTE RENOVADOR -

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Alberto Assef

Todo el país quiere que la política mejore, que sea limpia y transparente, que capacite líderes sociales y administradores, que abandone querellas menores, que deje de estar anclada en el pasado, que no practique la difamación y que provea soluciones a la constelación de problemas acumulados por la impericia de gestión y por la corrupción – nutrida por la impunidad –literalmente generalizada en las cumbres y esferas allegadas al poder público. Y aspira – el país – a que la política promueva Acuerdos de Estado o Políticas de esa naturaleza que posibiliten tener directrices y estrategias de largo alcance, sepultándose así al tipo de gobierno emparchador y coyuntural – ese que tiene por agenda a lo sumo la perspectiva de la próxima elección -, zigzagueante y plagado de vaivenes. Propugna el país – luego de tantas frustraciones – que se inhumen la discontinuidad y las contramarchas. Esto obviamente implica que el rumbo sea más o menos el correcto y sustentado precisamente por los grandes Acuerdos fogoneados por la buena política. En otras palabras, el tiempo que viene no es de intransigentes, salvo con las lacras morales y sociales, a las que hay que darles pelea sin flojedad ni abdicación.

En el contexto consignado, el auxilio que la Justicia Electoral debe brindarle a la buena política es decisivo. Para ello debe ir a fondo en materia de transparencia y también en orden a promover la articulación de los partidos, tratando de disuadir la fragmentación y el aventurerismo disfrazado de agrupación partidaria.

Empero, ¿qué hace la Justicia Electoral? Es capaz de multar a un partido porque demoró tres días en presentar un formulario en el que constaban tres extremos: que no hizo campaña electoral alguna; que no ingresó ni un centavo y que no gastó ni un céntimo. Y al amonestar con solemnidad a ese partido copia dos páginas que tiene memorizada en el archivo de su computadora, pontificando de que “se debe rendir cuentas a la Nación sobre los fondos recibidos de ella” y asertos de esa índole.

¿Qué fondos había para rendir a la Nación? Ninguno. Entonces, ¿por qué tanta ampulosidad? Porque es una Justicia robotizada. Ha perdido el eje de la razonabilidad, enceguecida por las formas. Se ha extraviado en el laberinto de su nutrida burocracia. Ha abandonado algo que todo en la vida, incluso en los Tribunales, debe primar: la sensibilidad y el tratamiento caso por caso, sin premoldeados que sirven para abordar el examen de aportes millonarios de lavadores de fondos criminales y para castigar a la asociación que es ejemplarmente superavitaria y que no recibió ni una moneda, incluyendo de proveniencia del Estado.

La ley 26.215 de financiamiento partidario es aplicada con ascendente complejidad. Ha terminado por ser una veta atractiva para los buenos de los profesionales contables que perciben abultados honorarios, no ha traído honradez a la política y ha generado dolores de cabeza y entuertos a los partidos, desviándolos de sus altas y aún incumplidas misiones de interés social y público.

La Justicia Electoral debe sobreponerse a la tentación del rigorismo formal y auxiliar al país apostando a ser razonable y justa. Se la desea auxiliar de la buena política, no su preceptora temible, pero que no ahonda en las correcciones sustantivas. No es mejor quien más castiga, sino quien mejor corrige.

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