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28 de mayo de 2010 | 17:00

Manifiestan preocupacion por crisis institucional en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

La Asociación por los Derechos Civiles y la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia exhortan a obrar con respeto a los principios fundamentales de la democracia constitucional y el Estado de Derecho

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La Asociación por los Derechos Civiles –ADC- y la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia – ACIJ- manifestaron su preocupación ante la crisis institucional que involucra a los tres poderes del Estado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a raíz de las demandas iniciadas ante el Tribunal Superior de la Ciudad -TSJCABA - por el Poder Ejecutivo y la Legislatura de la Ciudad. Un grupo de Jueces en lo Contencioso Administrativo fue cuestionado por las decisiones adoptadas en procesos judiciales iniciados tras la postulación de la Dra. Daniela Ugolini para cubrir la vacante existente en el TSJCABA. En ese sentido, ambas organizaciones afirmaron que es imprescindible que este procedimiento - la audiencia pública - “ contribuya a delimitar conceptualmente los alcances del conflicto de poderes” que la Constitución de la Ciudad prevé y advirtieron del inmenso peligro que entrañaría para la vigencia de los principios republicanos y el estado de derecho “la asimilación del control judicial de los actos y normas estatales a una invasión a las competencias de los restantes poderes constituidos”

Asimismo, exhortaron a los órganos políticos de la Ciudad –al Poder Ejecutivo y a la Legislatura- “a obrar con respeto irrestricto a la supremacía constitucional y los principios fundamentales de la democracia constitucional y el estado de derecho” y en particular, reclamaron que “ sus acciones resguarden debidamente la autonomía e independencia de los jueces y juezas de la Ciudad, aceptando, honrando y cumpliendo de buena fe todas las decisiones judiciales, especialmente cuando les resulten adversas o antipáticas”. Además, destacaron que luego de escuchar los fundamentos esgrimidos en la audiencia pública por los representantes del Gobierno y la Legislatura no se advirtió que el comportamiento de los magistrados denunciados “ haya implicado un exceso o extralimitación en sus atribuciones constitucionales, ni mucho menos una afectación a las prerrogativas de los poderes políticos”. También la ADC y la ACIJ solicitaron al TSJCABA que en miras a la trascendente sentencia constitucional que debe adoptar “ asegure la primacía de los principios reconocidos en declaraciones universales, y en la Constitución, en resguardo de la independencia del Poder Judicial y la tutela judicial efectiva de los derechos frente a indebidas presiones de los poderes políticos”.