Piden a la Corte Suprema de Justicia de la Nación la vigencia de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual

Más de 20 instituciones, entre las cuales se encuentran universidades nacionales, sindicatos y organizaciones de la sociedad civil, elaboraron un dictamen jurídico que sostiene la necesidad de respetar el resultado del debate democrático que permitió la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual Ley Nº 26.522 - y demandan su plena vigencia. El documento fue presentado, en calidad de Amicus Curiae, ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el marco de un proceso judicial que se inició a fines del año 2009 tras una presentación realizada por el Diputado Nacional Enrique Thomas. En estas actuaciones la Juez Federal Olga Pura de Arrabal y luego la Cámara Federal de Mendoza hicieron lugar a la medida cautelar solicitada por el Legislador Enrique Thomas y suspendieron la aplicación de la Ley Nº 26.522. Tras un recurso promovido por el Estado nacional el caso fue admitido por la CSJN el 19 de Mayo pasado. El día miércoles de la semana pasada el Procurador General de la Nación, Dr. Esteban Righi, dictaminó que debía revocarse la medida cautelar dictada

Los argumentos presentados por las organizaciones hacen hincapié en la afectación de derechos que la suspensión de la ley impone a distintos grupos de personas que no participaron del proceso iniciado por el Diputado Nacional Enrique Thomas y que se encuentran particularmente protegidos por la nueva ley. Las universidades nacionales, las cooperativas, los trabajadores de la comunicación, los actores, los músicos independientes, los pueblos originarios y las personas con discapacidad, son algunos de esos grupos que ven restringido su derecho al trabajo, a la libertad expresión y al acceso y la participación en el debate público a través de los medios a partir de la suspensión de la ley. En tal sentido, los firmantes cuestionaron la capacidad de Thomas de adjudicarse la representación de todos los “consumidores de medios audiovisuales” del país, sin justificar de ningún modo esa aseveración y dejando de lado a los grupos mencionados, a los cuales, no sólo no representa, sino que además les produce un daño concreto con su acción judicial.

La presentación ante la CSJN fue realizada de manera conjunta por el Centro de Estudios Legales y Sociales -CELS - instituciones académicas como las facultades de ciencias sociales de la Universidad de Buenos Aires, la Universidad Nacional de La Plata, y la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, el departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Quilmes y el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Lanús. A ellos se sumaron los principales sindicatos que reúnen a los trabajadores de los medios de comunicación, como la Confederación Sindical de Trabajadores de los Medios de Comunicación Social de la República Argentina, la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa, el Sindicato Argentino de la Televisión, Servicios Audiovisuales, Interactivos y de Datos, el Sindicato de Vendedores de Diarios y Revistas, la Asociación Argentina de Actores, el Sindicato de la Industria Cinematográfica Argentina, la Asociación Argentina de Trabajadores de las Comunicaciones, el Sindicato Único de Trabajadores del Espectáculo Público y Afines, y el Sindicato Único de la Publicidad, entre otras organizaciones