Preocupación por el creciente conflicto entre el Gobierno Nacional y la Corte Suprema de Justicia

La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia -ACIJ-, la Asociación por los Derechos Civiles -ADC-, el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento -CIPPEC -y Poder Ciudadano expresaron su preocupación por el creciente conflicto entre el Gobierno Nacional y la Corte Suprema de Justicia. Las entidades señalaron que resultan de “ particular gravedad la defensa explícita que han hecho autoridades del Gobierno del incumplimiento de los fallos en el caso Sosa y ciertos agravios dirigidos a influir indebidamente el sentido de las decisiones que debe adoptar el tribunal en causas de sensible interés institucional”.

Tambien el grupo de Ongs precisó que “el Estado de Derecho tiene entre sus pilares el funcionamiento de un Poder Judicial independiente” y agregaron que “como resultado de la introducción de mecanismos de publicidad y participación ciudadana en el proceso de designación de jueces/zas del máximo tribunal, y luego de diversas reformas introducidas en su funcionamiento interno, nuestro país cuenta con una Corte Suprema legítima, con miembros que han dado muestras de independencia e idoneidad”

" El avance que significó para nuestra democracia la renovación y el fortalecimiento de la Corte Suprema es tan notorio que cuenta con la aprobación casi unánime de las representaciones políticas y los movimientos sociales de la Nación” afirmaron las organizacions y resaltaron que “ es imprescindible consolidar este camino y evitar regresiones que socavarían los principios democráticos y republicanos de nuestra Democracia Constitucional”.

Ademas la ACIJ, la ADC, CIPPEC y Poder Ciudadano destacaron que “como todo poder público, el Poder Judicial y la Corte Suprema de Justicia están sujetos a la crítica y la rendición de cuentas sobre su actuación. y es deseable el involucramiento activo de la ciudadanía en el debate sobre los asuntos públicos que llegan a sus estrados”.También precisaron que “ la saludable crítica, y el desacuerdo sobre cuestiones constitucionales, traspasan un límite cuando la discrepancia se manifiesta mediante descalificaciones injustificadas y agravios personales, que destruyen la discusión razonada y minan los canales de construcción institucional pluralista”.