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15 de junio de 2010 |
17:00
Prórroga en la causa iniciada por el corte del puente internacional Gualeguaychú-Fray Bentos.
El Juez Federal Gustavo Pimentel accedió a un pedido del Ministerio Público Fiscal
El Juez Federal – subrogante - Gustavo Pimentel dispuso una prórroga en el marco de las actuaciones correspondientes al corte del puente internacional Gualeguaychú-Fray Bentos. El Dr. Gustavo Pimentel – a cargo del Juzgado Federal de Concepción del Uruguay – accedió a un pedido formulado por el Ministerio Público Fiscal para expedirse acerca del requerimiento de instrucción . El Poder Ejecutivo Nacional solicitó que se inicie una investigación sobre la conducta de los denominados asambleistas ambientales para determinar la posible comisión de los delitos de homicidio culposo, privaciones de la libertad, amenazas calificadas y extorsión, entre otros.
Recientemente la Presidente de la República Argentina, Dra. Cristina Fernández de Kirchner dictó el Decreto PEN Nº 828/2010 para ratificar "la presentación efectuada por el señor Procurador del Tesoro de la Nación como parte querellante en la causa número 57.839", caratulada "Escuadrón 56 de Gendarmería Nacional comunica corte de ruta". En el Decreto PEN Nº 828/2010 se señala además que en la causa 57.839 se investigan “ las conductas atribuidas a un conjunto de ciudadanos, vinculadas con la ocupación indebida del paso fronterizo internacional de Gualeguaychú-Fray Bentos como protesta por la instalación de una fábrica de celulosa en la citada ciudad uruguaya".
La resolución dictada por la Corte Internacional de Justicia - con sede en La Haya, Holanda - tras el reclamo por la construcción de una planta de producción de celulosa de la empresa Botnia estableció que la República Oriental del Uruguay " violó sus obligaciones procesales de notificar, informar y negociar de buena fe” y que la construcción objetada se realizó "sin vulnerar sus obligaciones sustantivas relacionadas con la contaminación ambiental”. Los integrantes de la Corte Internacional de Justicia precisaron que resulta “ desproporcionado ordenar el cierre de la planta de fabricación de pasta de celulosa" y dispuso que "ambos países debían monitorear en forma conjunta el funcionamiento de la misma".
