Legislatura
IDT
NoticiasJudiciales.INFO tiene su cuenta en Twitter : @NJudiciales La Dra. Ana María Figueroa es la nueva Presidente de la Cámara Federal de Casación Penal Otorgó la Corte Suprema de Justicia de la Nación una medalla al Dr. Raul Zaffaroni en reconocimiento por su paso por el Alto Tribunal de la República Argentina Proponen al Dr. Roberto Manuel Carles para cubrir vacante en la Corte Suprema de Justicia de la Nación La denuncia por presunto encubrimiento en la investigación de la causa AMIA quedó radicada ante el Juez Daniel Rafecas
24 de septiembre de 2010 | 17:00

Rechazan la derogacion del procedimiento para el nombramiento de Jueces del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad

El Bloque Proyecto Sur de la Legislatura de la Ciudad difundió un comunicado rechazando la medida del Jefe de Gobierno, Ing. Mauricio Macri.

Cambiar tamaño

El Bloque Proyecto Sur de la Legislatura de la Ciudad difundió un comunicado que cuestiona la medida del Jefe de Gobierno, Ing. Mauricio Macri que establece la derogación del Decreto N°1620 - procedimiento interno para el nombramiento de los Jueces del Tribunal Superior de Justicia, del Defensor General, Fiscal General y del Asesor General Tutelar - .Ahora las postulaciones se regirán por el Art. 104° de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

NoticiasJudiciales.INFO reproduce el documento del Bloque Proyecto Sur :

Los diputados de Proyecto Sur expresamos nuestra profunda preocupación por el rumbo asumido por el Poder Ejecutivo con esta medida. La norma derogada establecía, en consonancia con el decreto 222/03 del Poder Ejecutivo Nacional para el nombramiento de magistrados de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, entre otras cosas, la obligación del Poder Ejecutivo de publicar en los diarios, el Boletín Oficial y en la página web del gobierno el currículum del candidato al Tribunal Superior de Justicia (TSJ); una declaración jurada de sus bienes y otra que contuviera: "la nómina de las asociaciones civiles y sociedades comerciales que integre o haya integrado en los últimos ocho años, estudios jurídicos a los perteneció o pertenece, la nómina de clientes o contratistas de por lo menos los últimos ocho años" y cualquier otro antecedente que pudiera comprometer su imparcialidad de criterio; como así también las actividades de sus cónyuge, ascendientes y descendientes.

Por otra parte, el decreto establecía una etapa previa a la remisión de la propuesta a la Legislatura para que los particulares y las organizaciones pudieran presentar observaciones relativas a los antecedentes del candidato. Tal mecanismo se establecía como complemento de la audiencia pública fijada por ley y permitía a los ciudadanos, en forma individual y colectiva, manifestar sus puntos de vista y objeciones, "autolimitando la discrecionalidad del Poder Ejecutivo en el ejercicio de esta facultad", tal como se leía en sus fundamentos.En definitiva, el derogado decreto regulaba un marco jurídico orientado al acceso a la información durante la etapa previa a la remisión de las candidaturas para cubrir las vacantes de los integrantes del TSJ, Fiscal General, Defensor General y Asesor General Tutelar de la Ciudad.

Bajo esos parámetros debió tramitar en su momento la propuesta de la fiscal Daniela Bruna Ugolini, lo cual generó -por inobservancia del decreto que ahora se deroga- una seguidilla de resoluciones judiciales que culminó con el dictado de una sentencia del TSJ en el marco del denominado "conflicto de poderes" y la ulterior renuncia de Ugolini a su candidatura. "Una petición cuyo destino debió ser el archivo", en palabras de la jueza Alicia Ruiz, no sólo posibilitó la legitimación del "per saltum" bajo el nombre de "conflicto de poderes" para intentar amedrentar y disciplinar a los jueces que hacen cumplir la Constitución local, sino que ahora es invocada por parte del mismo Poder Ejecutivo como razón para hacer tabla rasa con una herramienta de transparencia en los actos de gobierno.

Los legisladores de Proyecto Sur creemos que esta decisión del Ejecutivo porteño está claramente orientada hacia la supresión de todo límite normativo a la discrecionalidad, posibilitando en un futuro inmediato el ejercicio liso y llano de la arbitrariedad, sin miramiento alguno respecto de los derechos de los ciudadanos de acceder a la información pública y la salvaguarda de un ámbito transparente de discusión y participación democrática en todos los actos de gobierno.

Rafael Gentili - Julio Raffo- Jorge Selser -