Cassaba: Entre prórrogas y pedidos de control
La ex caja de los abogados porteños continúa generando discusiones. Por un lado desde la entidad en liquidación se pretende extender un año más la liquidación y desde el Colegio Público de Abogados exigen que se ponga en marcha algún sistema de control.
La ex Caja de Seguridad Social para Abogados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sigue generando discusiones entre los abogados, más precisamente entre el directorio de la entidad en liquidación y la conducción del Colegio Público porteño, cuyos directivos de quejan de la falta de controles que existen en la actualidad.
Si bien desde hace tiempo Jorge Enríquez ( Cassaba) y Jorge Rizzo (CPACF) mantuvieron discusiones sobre la manera en la cuál se estaba liquidando la caja, días atrás mantuvieron un duro cruce en la legislatura porteña, más precisamente en la Comisión de legislación.
En el encuentro se produjo a raíz de que desde el directorio de la ex caja se redactó y presentó un proyecto que busca extender por 12 meses los plazos para cumplir con el cometido liquidatorio, el cual venció el último 31 de julio.
Desde el directorio de Cassaba justificaron la extensión de los plazos en el hecho de que no se pudo suscribir un acuerdo con la Anses para resguardar los aportes de los abogados porteños. Convenio que adelantaron se estaría firmando mediante la existencia de una puesta en común de palabra.
En ese sentido, desde el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal se cuestionó que Enriquez diera por seguro la firma de este convenio, el cual tan sólo explicaron se trataba de un simple acuerdo de palabra, entre las partes.
Asimismo, Rizzo, quien cuestionó duramente todo el proceso de liquidación que se dio hasta el momento, solicitó que se cree un órgano de auditoría o sindicatura que controle lo que hacen los actuales directivos del organismo.
Según el presidente del Colegio Público de Abogados, el pedido se basa en el hecho de que existen “una serie de irregularidades comprobadas por varios abogados que han solicitado el pase de sus aportes a la caja previsional de la Provincia de Buenos Aires y que a la fecha han recibido respuestas evasivas”.
A pesar de estar incluido en el proyecto original de derogación, la auditoría que se pretendía crear para controlar la liquidación de la caja fue dejada de lado en pos de la aprobación de la ley 2811.
Con ello, los directivos actuales de Cassaba no tienen ningún control externo de su actuación. El CPACF entiende que es necesario ese control para verificar que se cumpla en tiempo y forma con la liquidación de este ente que ya debería haber pasado a la historia