El Consejero Hernán Ordiales presentó proyecto de declaración en apoyo del Juez Baltazar Garzón
El Dr. Baltazar Garzón fue condenado a once años de inhabilitación especial por la Sala Segunda en lo Penal del Tribunal Supremo de España.
El Consejero Hernán Ordiales – representante del Poder Ejecutivo Nacional en el Consejo de la Magistratura/Poder Judicial de la Nación y Secretario de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en uso de licencia – presentó un proyecto de declaración en apoyo del Juez Baltazar Garzón tras la condena dictada la Sala Segunda en lo Penal del Tribunal Supremo de España que impone once años de inhabilitación especial
NoticiasJudiciales.INFO reproduce el proyecto de declaración presentado por el Dr. Hernán Ordiales:
“VISTO: La sentencia dictada por la Sala en lo Penal del Tribunal Supremo de España en la causa Nro. 20.716/2009 contra el Dr. Baltasar Garzón, y
CONSIDERANDO:
1) Que con fecha 9 de febrero del corriente, en la causa especial Nro. 20.716/2009, la Sala Segunda en lo Penal del Tribunal Supremo de España condenó al magistrado Dr. Baltasar Garzón Real a la pena de multa de catorce meses con una cuota diaria de 6 euros, y once años de inhabilitación especial para el cargo de juez o magistrado, con incapacidad para obtener durante el tiempo de la condena cualquier empleo o cargo con funciones jurisdiccionales o de gobierno dentro del Poder Judicial, o con funciones jurisdiccionales fuera del mismo;
2) Que sin perjuicio de la resolución adoptada por el Superior Tribunal Español, resulta oportuno destacar que el Dr. Baltasar Garzón ha desarrollado a lo largo de su carrera como Juez, una encomiable y valiente labor en favor de los Derechos Humanos, procurando el esclarecimiento de los delitos de lesa humanidad perpetrados por el terrorismo de Estado, y la condena de sus responsables, aplicando el principio de justicia universal o extraterritorialidad consagrados por la normativa internacional, los que han tenido favorable acogida tanto por el Tribunal Superior, como por el Tribunal Constitucional y la Audiencia Nacional de España;
Al momento de su enjuiciamiento, el Juez Garzón se encontraba investigando las desapariciones, homicidios y torturas que tuvieron lugar durante la Guerra Civil Española entre los años 1936 y 1939, y durante los primeros años de la dictadura encabezada por el General Francisco Franco.
3) Que el referido magistrado ha prestado una invalorable colaboración en la búsqueda, detención y juzgamiento de los responsables de delitos de lesa humanidad cometidos durante la instauración de las dictaduras militares que tuvieron lugar en Latinoamérica durante la década del '70 en el marco de la llamada "Operación Cóndor". En ese contexto, investigó los crímenes cometidos contra ciudadanos españoles por parte de la dictadura militar que ejerció el gobierno de facto en la República Argentina entre los años 1976 y 1983, logrando la detención y posterior extradición a España del ex militar Ricardo Miguel Cavallo, integrante de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), así como la detención de otros noventa y ocho militares argentinos, imputados de crímenes de lesa humanidad.
4) Que corresponde poner de resalto que la labor del Dr. Garzón fue desarrollada mientras se encontraban vigentes en nuestro territorio las llamadas ley de obediencia debida y punto final, que fueran declaradas nulas durante el Gobierno del Dr. Néstor Kirchner, mediante la sanción de la ley 25.779 en el mes de agosto de 2003.
5) Que también resulta oportuno destacar la actuación que le cupo al magistrado en la investigación de delitos de lesa humanidad cometidos contra ciudadanos españoles por el terrorismo de Estado instaurado en la República de Chile entre los años 1973 y 1990, en el marco de la llamada "Caravana de la muerte", así como en la detención y posterior extradición del dictador Augusto Pinochet.
6) Que la labor del Juez Garzón ha sido reconocida por entidades y organismos internacionales, habiendo recibido, entre otros, el Premio Internacional Paz y Solidaridad de la Fundación Ignis Ardens de Roma (1995), el reconocimiento a la Contribución para el Establecimiento de la Corte Penal Internacional (1998), el de Mejor Juez de Latinoamérica (1999/2000), la Medalla de Oro al Mérito del Plan Nacional sobre Drogas (2001) y el Premio Extraordinario al Compromiso Social otorgado por la Confederación de Jóvenes Empresarios (2002).
7) Que este Consejo de la Magistratura no puede soslayar la importancia que ha tenido el aporte del Dr. Baltasar Garzón en la protección y reconocimiento de los derechos humanos consagrados por nuestra Constitución Nacional y que fuera declarada Política de Estado por el actual Gobierno Nacional y por nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación;
8) Que la trayectoria del Juez Baltasar Garzón se ha destacado en todo momento por la independencia de sus decisiones, y la absoluta prescindencia de intereses políticos, empresarios y de cualquier otro grupo o factor de presión. Prueba de ello resultan las investigaciones promovidas por el magistrado en orden a esclarecer casos de terrorismo o corrupción vinculados a gobiernos de turno, organizaciones políticas o corporaciones empresarias.
9) Que en el mismo sentido este Consejo de la Magistratura sostiene y promueve la plena independencia e imparcialidad de los magistrados como valores democráticos fundamentales, con especial acento en el respeto a la Constitución Nacional, los tratados internacionales y las leyes, el reconocimiento al pluralismo ideológico y a la ausencia de toda presión externa o interna, sustento básico de la actividad judicial.
Por ello,
SE RESUELVE:
1) Declarar el apoyo al Juez español Dr. Baltasar Garzón, en reconocimiento a su valiosa colaboración en favor de los Derechos Humanos así como en el esclarecimiento, juicio y castigo a los responsables de los delitos de lesa humanidad cometidos por el terrorismo de Estado tanto en la República Argentina como en otras naciones del mundo;
2) Ratificar la independencia e imparcialidad de los magistrados en el ejercicio de su función, como principios esenciales para una eficaz prestación del servicio de justicia”.
