El Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad realizó jornada de capacitación sobre el Acuerdo de Escazú

El Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad  Autónoma de Buenos Aires -MPDCABA- realizó jornada de capacitación sobre el Acuerdo de Escazú. Desde el MPDCABA señalaron que este encuentro se desarrolló en el marco del Día de la Conciencia Ambiental.

noticiasjudiciales.info reproduce texto difundido por el MPDCABA:

"..se llevó a cabo la segunda jornada del encuentro Acuerdo de Escazú, Implementación y herramientas para la Defensa Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, destinado a todos los integrantes del MPD CABA. La actividad, organizada por la Secretaría General de Derechos Humanos y la Dirección de Capacitación, se desarrolló en dos etapas: la primera el martes 23 bajo la modalidad virtual y la segunda, en formato presencial. 

La jornada, enmarcada en el Día de la Conciencia Ambiental (que se celebra el 27 de septiembre en la Argentina), se dividió en dos bloques, moderados por Andrea Cataldo, Secretaria Letrada de Derecho al Hábitat N° 3 y por María Laura Manin, Secretaria Letrada de Derecho al Ambiente Sano. 

En el primer bloque, la representante de la Secretaría del Acuerdo de Escazú (CEPAL) Natalia Labbé disertó sobre Personas defensoras de los derechos humanos en asuntos ambientales y fortalecimiento de capacidades y cooperación. Arquitectura institucional del Acuerdo de Escazú. Recursos y herramientas. A su vez, Néstor Cafferatta, Secretario de Juicios Ambientales de la Corte Suprema, se refirió a la temática Aplicación de los Principios del Derecho Ambiental en el Acuerdo de Escazú.

En el bloque siguiente, se profundizó en las experiencias locales, en la protección del derecho a la información, participación pública, acceso a la justicia ambiental y en las propuestas para fortalecer la implementación del acuerdo en la Ciudad de Buenos Aires. Allí participaron los defensores Pablo De Giovanni y Ramiro Dos Santos Freire y la jueza y el juez porteño Elena Liberatori y Marcelo López Alfonsín.

Finalmente, en el cierre de la Jornada estuvieron presentes la Defensora General, Marcela Millán, el Secretario General de Derechos Humanos y Sociales del MPD, Julián Besio y Natalia Labbé.

Durante su exposición, Millán señaló que “el acuerdo de Escazú tiene una enorme potencia porque toca tres cuestiones cruciales para el MPD: el acceso a la información, la participación pública en decisiones ambientales y el acceso a la justicia. Tres ejes que son deudas pendientes en el tema ambiental”. Además, se refirió al cierre de la Causa Mendoza y dijo que ello significó “una oportunidad perdida desde la óptica de Escazú, ya que se coloca a los habitantes de la Ciudad en una situación difícil porque ahora la judicialización tiene que ser individual, los habitantes de los barrios pierden la posibilidad de procurar cuestiones básicas como la salud y la vivienda bajo paraguas de la causa. Es una barrera al acceso a la justicia de la que habla el Acuerdo”. Y concluyó: “Creo que nuestros ejes de trabajo están de acuerdo con lo que plantea Escazú: vamos a seguir luchando por lograr que los vecinos de barrios vulnerables puedan contar con información adecuada y participar en las decisiones sobre las cuestiones ambientales que los afectan y seguiremos promoviendo el acceso a la justicia ambiental”. 

Por su parte, Labbé destacó que la problemática de los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales es uno de los pilares del Acuerdo de Escazú, el cual establece que se debe generar un entorno seguro y propicio para que estas personas puedan ejercer la defensa. Explicó que, en el mundo, cada 14 horas asesinan a un defensor de derechos humanos y advirtió que “la mitad de la región de América Latina y el Caribe” no ha ratificado el Acuerdo. “Por ello, es fundamental que los Estados que faltan lo firmen y que, a su vez, los Estados que sí lo ratificaron implementen planes nacionales para promover sus objetivos”, afirmó. 

En tanto, Besio hizo mención al aporte que hace el Acuerdo de Escazú a la tarea que realiza cotidianamente la Defensa Pública. Al respecto, subrayó que el debate sobre esta herramienta “permite, en primer lugar, brindar un marco regional y dar cuenta de las dificultades de su implementación en la región”. “En segundo lugar -continuó- vale preguntarse sobre la implicancia que tiene Escazú en relación con la autonomía porteña y sobre las responsabilidades de garantizar el ambiente sano ante el desafío del traspaso de competencias que se está haciendo a la Ciudad”. Y, finalmente, el Secretario General aseguró que “surge el desafío de articular la figura de las y los defensores ambientales con la responsabilidad del MPD como organismo de defensa de derechos humanos”. 

En la jornada virtual del martes, se había trabajado sobre dos módulos: el primero, moderado por Paula Suarez (Secretaria Letrada de Derecho a la Salud), se centró en la Introducción al Acuerdo de Escazú y su vinculación con la agenda ambiental internacional. El acceso a la información ambiental, participación pública y justicia en asuntos ambientales; y el segundo, moderado por Ana Belén Segovia (Secretaría Letrada Derecho al Ambiente Sano) tuvo como eje la temática Personas y grupos en situación de vulnerabilidad. En estos espacios disertaron: David Barrio, Francisca Aguilar y Natalia Labbé (CEPAL) y Andrés Napoli (Vicepresidente del Comité de Apoyo a la Aplicación y el Cumplimiento del Acuerdo de Escazú y Relator para Personas y Grupos en Situación de Vulnerabilidad)".