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17 de junio de 2015 | 17:00

Denuncian a Carrefour por intermediación financiera no autorizada y lavado de activos

Es una presentación de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos

Carrefour FOTO: WEB

El Ministerio Público Fiscal de la Nación –MPFN –informó que el titular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos – Procelac - , Dr. Carlos Gonella presentó una denuncia penal contra Carrefour Argentina  - INC S.A.  - por intermediación financiera no autorizada y lavado de activos. Desde el MPFN señalaron además que la presentación realizada por la Procelac  alcanza también a miembros de los directorios de Anker S.A., Transcambio S.A. y Transacciones Agente de Valores S.A.

noticiasjudiciales.info reproduce texto difundido por el MPFN:

“El fiscal general a cargo de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), Carlos Gonella, denunció penalmente por asociación ilícita, intermediación financiera no autorizada y lavado de activos a miembros del directorio y síndicos de firmas que realizaron operaciones al margen de la legalidad en el sistema financiero por más de 4 mil millones de pesos, a la cabeza de las cuales se ubica INC S.A., conocida por su actividad comercial como Carrefour Argentina, que en el esquema delictivo aportaba "groseros flujos de fondos a la banca informal".

La presentación del titular de la Procelac es consecuencia de una extensa investigación preliminar, desarrollada por su Área Operativa de Mercado de Capitales, iniciada a partir de la presentación del Banco Central tras la constatación de irregularidades durante una inspección desarrollada el 1° de septiembre pasado en la casa de cambio Transcambio. En principio, los inspectores del BCRA detectaron violaciones al Régimen Penal Cambiario, cuya investigación está en manos de la autoridad monetaria, pero también serios indicios de la comisión de delitos, por lo cual dieron aviso a la Procelac, que inició la investigación preliminar, un procedimiento dispuesto en la Ley de Ministerio Público para -previo a la denuncia penal- arribar a un grado de mayor certeza sobre la posibilidad de que se hubieran cometido crímenes.

La denuncia presentada por la Procelac alcanza a los miembros de los directorios de Anker S.A., Transcambio S.A. y Transacciones Agente de Valores S.A. y a las personas físicas que las integran por formar parte de una asociación ilícita para realizar intermediación financiera no autorizada y lavado de activos.

También, fueron denunciados miembros del directorio y la sindicatura de INC S.A.; los miembros del consejo de administración de Indocredit Cooperativa de Crédito, Consumo y Vivienda Ltda.; los miembros del directorio y de la sindicatura de Ad Law S.A. y Orpil S.A.; y las firmas Yoen S.A., Asociación Mutual Versailles y Grupo Infinito S.A.

El sospechoso piso 16

Cuando el 1° de septiembre del año pasado los inspectores del BCRA se presentaron en el edificio de San Martín 140 de Buenos Aires, donde funciona Transcambio, les llamó la atención que todas las personas que preguntaban por la casa de cambio eran derivadas al piso 16 cuando el domicilio de la firma se encontraba radicado en el 17. Por ese motivo, pidieron autorización para ingresar al piso 16 al presidente de la empresa, quien se los negó.

El 15 de septiembre, los inspectores del BCRA volvieron al lugar con una orden de registro de la Justicia Nacional en lo Penal Económico. Tras 15 minutos de demora en responder a sus llamados, cuando la puerta fue abierta los inspectores contabilizaron 38 empleados y clientes.

Vieron gran cantidad de oficinas y boxes equipados con computadoras y máquinas contadoras de billetes. El lugar tenía una sala de computación, donde los funcionarios de la entidad de control encontraron a operarios intentando borrar la información de un servidor de videos.

Al revisar la documentación, los agentes pudieron saber que el lugar era alquilado por las firmas Anker y Transacciones, vinculadas a Transcambio.

Entre los clientes de aquél día, había dos personas de nacionalidad china, entre ellos una mujer quien, a través de un intérprete dijo, había arrojado a un cesto de basura una bolsa de nylon de verde transparente con 300 mil pesos. En el cesto, los inspectores del BCRA encontraron 290.000 pesos y tickets de operaciones de cambio ilegal.

Los agentes tomaron también impresiones de las pantallas de las computadores con las que se estaba operando: ocho facturas proforma en inglés y chino por montos de entre 131 mil y casi 2 millones de dólares; detalles de operaciones de descuento de documentos y de cheques; convenios de mutuo dinerario (préstamo), y planillas escritas en chino con transacciones por más de 1,6 millones, sin indicación de moneda, entre otras.

También, secuestraron diferente documentación, entre ella un recibo de transporte de valores de la firma Prosegur S.A. de ese mismo día, 15 de septiembre, por un total de 30 millones de pesos remitidos desde INC a Indocredit. Las imágenes del ingreso del dinero en bolsas fueron grabadas por el sistema de circuito cerrado de la empresa, secuestrado por los inspectores, y forman parte de la denuncia de la Procelac. Además, quedaron registradas conversaciones donde, a modo de ejemplo, el 12 de septiembre del año pasado, tres días antes del allanamiento, dos directivos discutían la conveniencia de "bajar la caja" en aproximadamente 11 millones ante la posibilidad de un allanamiento.

Quién es quién en la maniobra

Ese recibo de 30 millones fue la punta del ovillo. En su investigación preliminar, la Procelac requirió a las empresas de transporte de valores que le informaran cuánto dinero habían trasladado en los últimos dos años, por cuenta y orden de INC, a las otras firmas investigadas.

De esta forma, la procuraduría esecializada pudo "determinar que el señalado movimiento de divisas no constituye un acto aislado, casualmente constatado en oportunidad del registro de ese domicilio, sino que integra una operatoria recurrente llevada a cabo, cuanto menos, durante más de un año".

Gonella refirió en la denuncia que "conforme surge de los registros de la Transportadora de Caudales Juncadella S.A., entre el 26 de julio de 2013 y el 30 de octubre de 2014 fueron transportados, en nombre y por cuenta de INC, a las oficinas de Anker sitas en San Martín 140 pesos argentinos cuatro mil treinta y un millones quinientos mil en efectivo ($ 4.031.500.000), de los cuales quinientos noventa y tres millones doscientos mil ($593.200.000) tuvieron como destino las oficinas no declaradas para actividades de cambio o bursátiles". Ese dinero provenía de la recaudación de la cadena de supermercados, quien recibía como contraprestación depósitos de cheques en sus cuentas bancarias contra el cobro de una comisión.

Con estos elementos, la Procelac acusó por intermediación financiera ilegal y lavado de activos a INC, Anker e Indocredit. Gonella describe que, en el esquema montado, INC "dio un aporte fundamental para la realización de la maniobra, proporcionando las multimillonarias sumas de dinero en efectivo obtenidas a través de la actividad comercial, a cambio de lo cual obtuvo significativos beneficios económicos".

En efecto, el fiscal Gonella señaló en la denuncia que "la relevancia del aporte de INC debe mensurarse en función del impacto que tendría esta operatoria en el mercado cambiario, toda vez que importa la inyección grosera de flujos de fondos a la banca informal".

En este contexto, la denuncia refiere que "la participación de Anker se materializó a través de la provisión de sus instalaciones de la calle San Martín 140 y del servicio de sus empleados, lo que constituyó un elemento esencial para que ésta funcionara como el nexo necesario entre el proveedor del recurso financiero y el captador del público interesado en el servicio de descuento de cheques".

Para ello, aprovechó "la total confusión entre la mencionada persona jurídica y las sociedades Transcambio y Transacciones", que "permite inferir, con el grado de convicción propio de esta instancia, que aquellas tuvieron algún grado de intervención en las maniobras aquí denunciadas", lo cual "se ve reforzado por la identidad entre los componentes de los órganos de administración de todas estas sociedades lo que demuestra la imposibilidad de desconocer la actividad desarrollada en San Martín 140".

Por su parte, señala la denuncia, "Indocredit aportó su estructura jurídica para dotar de una apariencia legal a las operaciones crediticias, para cuya realización ha debido mediar cuanto menos el consentimiento de los miembros de su órgano de administración, fiscalización, tesorería y de su oficial de cumplimiento" ante la Unidad de Información Financiera.

En tanto, Ad Law y Orpil aparecen en la investigación como las continuadoras de Indocredit en la maniobra a partir de octubre de 2014, mientras que Yoen Asociación Mutual Versailles y Grupo Infinito "podrían estar interviniendo en circuitos financieros idénticos al aquí denunciado, durante un marco temporal mayor al constatado en esta investigación preliminar", a quienes según documentación aportada por el BCRA, INC también proveería de dinero”.