Discurso del Dr. Luis María Cabral en la cena de fin de año de la AMFJN

El Presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional / AMFJN, Dr. Luis María Cabral,durante la cena anual de la entidad señaló “ que resulta indispensable que las decisiones que se asumen desde el Poder Judicial sean acatadas y respetadas”.

NoticiasJudiciales.INFO reproduce el discurso del Dr. Luis María Cabral:

“Sra. Vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia de la Nación; Sres. Ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación; Sr. Presidente del Consejo de la Magistratura de la Nación; Sr. Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación; Sr. Procurador General de la Nación, Sra. Defensora General de la Nación; Señores Consejeros de la Magistratura, Señores Jueces de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas, Sr. Ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, socias y socios, magistrados y funcionarios, del Poder Judicial de la Nación y de los Ministerios Públicos, amigas y amigos: Siguiendo la saludable costumbre que ejercitamos desde hace muchos años, una vez más nos encontramos reunidos para despedir un año cumplido. El 2011 no ha pasado por inadvertido, pues hemos vivido sucesos de orden político-institucional de singular relevancia, ya que ejercitamos en una nueva oportunidad el derecho a elegir a nuestros mandatarios, lo que nos alegra por lo que representa en sí y porque denota la consolidación de la democracia como forma política de la vida en sociedad, de un modo de vivir en relación, generador de espacios adecuados para el ejercicio de los derechos que nos asisten. Pero también existen muchas cuestiones para destacar en el espacio público que componemos, es decir, la Justicia Nacional. Desde la Corte Suprema de Justicia de la Nación y el Consejo de la Magistratura se avanzó en el desarrollo edilicio, informático y tecnológico. De la misma manera, principalmente desde el Alto Tribunal, se está trabajando con ahínco en la apertura de la justicia, en la inteligencia de que un Poder Judicial confiable presupone la posibilidad de disponer de mecanismos ágiles, sencillos e inmediatos para asistir a quien ve amenazados sus derechos y reclama para poder ejercerlos plenamente. Y es justamente en el marco de esa política de apertura donde nuestra Asociación desempeña un rol relevante, extendiendo tales criterios a las relaciones internas de la justicia. Así, corresponde destacar que el mes pasado se llevó a cabo el Segundo Congreso Nacional de Funcionarios; evento único en su especie que convocó a más de cuatrocientos. funcionarios del Poder Judicial y los Ministerios Públicos de todas las jurisdicciones en las que se desagrega nuestro territorio nacional, para discutir las dificultades que deben afrontar a cotidiano en el ejercicio de sus funciones y postular líneas de solución al respecto y para rejerarquizar en lo procedimental y en el reconocimiento remunerativo tan importante función. De la misma manera se trató la organización e intervención en el proceso de los peritos judiciales. Además, la Asociación trabaja durante todo el año a través de sus Comisiones, generando equipos de trabajo integrados por magistrados y funcionarios del Poder Judicial, los Ministerios Públicos y los organismos Periciales, dedicados al estudio de cuestiones específicas propias de la vida y funcionamiento del servicio de justicia. En ese sentido quiero señalar que en este año se prestó una constante colaboración a la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema en la promoción de políticas para eliminar todas las formas discriminatorias de género en la vida interna judicial, programas que también se desarrollan en el ámbito de la Defensoría General y la Procuración General. Nuestra Escuela Judicial ha iniciado la utilización del sistema de video conferencias para sus cursos, y ha incorporado en su temática un curso que habrá de repetirse sobre incorporación al derecho interno del sistema de los instrumentos internacionales de derechos humanos, otros de derecho penal, derechos de autor, etc.. También ha iniciado un plan para proveer de sistemas de video conferencias a las sedes que no cuentan con ellos, y que se iniciará por las de San Carlos de Bariloche, Roque Sáenz Peña, Río Cuarto, Oberá y El dorado. La Comisión de Mapa Judicial y Presupuesto, espacio en el que se ven representados los diferentes estamentos que componen esta Asociación y que en poco más de seis meses articuló tres anteproyectos de ley de creación de tribunales en jurisdicciones y fueros colapsados, en consulta permanente con los interesados, desarrolla su gestión en coordinación con la Corte Suprema y el Consejo de la Magistratura, y diligencia sus propuestas ante las comisiones pertinentes de las Cámaras Legislativas y ante el Ministerio de Justicia. Con la finalidad de darle a la Asociación la dimensión federal que debe tener se ha resuelto que al menos una vez en el año las comisiones de trabajo sesionen en sedes de las provincias. Pero así como el 2011 ha sabido traer novedades positivas, cambios productivos y la consolidación de situaciones valiosas, también aún quedan muchas cuestiones sobre las que debemos avanzar. El afianzamiento de la democracia y de los valores que la informan requiere respeto entre quienes ejercen los diferentes roles propios de la autoridad pública. Para ello resulta indispensable que las decisiones que se asumen desde el Poder Judicial sean acatadas y respetadas tanto por los particulares como por los demás Poderes del Estado. Las sentencias de los jueces constituyen actos de gobierno, igualmente valiosos que los de los otros poderes, y merecedores de la misma consideración al momento de su cumplimiento y crítica. Sólo la observancia incondicional de las decisiones judiciales garantizará la vigencia del estado democrático de derecho, sin distinciones de ninguna especie y bajo el imperio directo y exclusivo de la Constitución y las leyes. La tarea de administrar justicia requiere un espacio propicio para su ejercicio, y por ello debemos insistir en la necesidad de contar con una verdadera autarquía financiera y administrativa, que permita desde sus cabezas al Poder Judicial y los Ministerios Públicos generar sus propias políticas de gobierno sin injerencia de voluntades ajenas a sus estructuras funcionales. En ese sentido, también se debe garantizar que las remuneraciones de quienes integran el servicio de justicia reflejen la elevada y delicada tarea que la ley les ha encomendado, siendo éste otro postulado que sólo puede ser satisfecho desde un férreo régimen de autonomía y autarquía. A propósito de la libre administración de nuestros recursos, no debemos pasar por alto ciertos aspectos que conspiran contra la eficiencia en la función, tal como es la situación del personal contratado e interino que desde hace buen tiempo ha dejado de ser la excepción para convertirse en la realidad palpable y cotidiana de gran parte de las dependencias judiciales. El Poder Judicial y los Ministerios Públicos exigen un escalafón estable, incompatible con situaciones de empleo precario que confabulan contra la tan anhelada carrera judicial. Este punto, al igual que los antes mencionados, sólo encontrará una solución definitiva a partir de la soberanía económica de estas instituciones. La independencia del Poder Judicial y los Ministerios Públicos es otro punto sobre el que se debe trabajar sin descanso. Obviamente un primer aspecto de la independencia se relaciona con la decisión personal de ser independiente, pero también desde el plano institucional debe garantizarse un ámbito propicio que permita al independiente desenvolverse como tal. El Consejo de la Magistratura, órgano permanente del Poder Judicial de la Nación, debe cumplir con su obligación constitucional de asegurar la independencia de los jueces, absteniéndose de emplear los procedimientos disciplinarios y los dilatados tiempos de su trámite como estiletes en contra de los jueces que no resuelven del modo esperado. De igual manera debe garantizar concursos transparentes, eficientes y rápidos, que reconozcan en la idoneidad del postulante el único mérito legítimo a tener en consideración. En definitiva, muchos son los desafíos que aún quedan por delante, pero los afrontamos con el apoyo y compromiso de todos ustedes. Para finalizar, en el año 2011 hemos reunido el Congreso de Funcionarios, y sus conclusiones serán impulsadas y cumplidas por esta Asociación. Para el año 2012 convocaremos a Jornadas Académicas de la Magistratura sobre las reformas procesales que se avecinan, sobre temas del derecho constitucional y de fondo. Realizaremos jornadas preparatorias en todo el país y concluiremos con una reunión en la sede que oportunamente se fije para esta importante tarea en la que queremos participar para construir un derecho que responda adecuadamente a las necesidades de la sociedad y a la plena calidad institucional. Tengan la seguridad, estimados colegas, que un servicio de justicia independiente, eficiente y soberano sólo puede construirse a partir del aporte que cada uno de nosotros realiza diariamente, bajo condiciones de trabajo que se encuentran bastante distantes de lo ideal, y que traduce nuestra íntima convicción de que el ejercicio de la función pública, lejos de ser una carga tediosa o un privilegio personal, es un acto de servicio. En suma, es por un Poder Judicial independiente, ni oficialista ni opositor en lo político, por nuestra Asociación, y por todos los magistrados, funcionarios y empleados comprometidos con sus funciones, y para todos los amigos presentes y sus familias que hoy brindamos augurando un fructífero 2012. Muchas gracias”.