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13 de diciembre de 2010 | 17:00

Declaración del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos

Aclaraciones dadas a conocer tras afirmaciones efectuadas por el Jefe de Gobierno de la Ciudad, Ing. Mauricio Macri.

El Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nacion emitió una declaración tras afirmaciones efectuadas por el Jefe de Gobierno de la Ciudad, Ing. Mauricio Macri sobre la ocupación del Parque Indoamericano

NoticiasJudiciales.INFO reproduce la declaracion:

Ante las declaraciones efectuadas hoy por el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Ingeniero Macri, el Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos se ve en la necesidad de aclarar que:

Acatando la orden judicial de desalojo dictada el último martes por la titular del juzgado contravencional y penal de la Ciudad N°26, Dra. Nazar, 200 efectivos de la Policía Federal acompañados de 60 de la Policía Metropolitana procedieron al desalojo del predio y, tal como exigía dicha resolución, lo entregaron, sin ocupantes, al Gobierno de la Ciudad el último martes a las 22 hs.-

Firmó el acta de recepción el Comisionado Mainardi en representación de la Policía Metropolitana ante la presencia de diversos funcionarios públicos de la Ciudad.-

Si el Gobierno de la Ciudad no supo mantener la guarda del predio, no es una cuestión nuestra, a no ser que se quiera trasladar a terceros responsabilidades de gestión que son propias.

Como es sabido, la Policía Metropolitana de la Ciudad fue creada por ley y el gobierno nacional lo posibilito al apoyar las modificaciones normativas nacionales correspondientes. Hoy cuenta con 1.800 efectivos, de los cuales más de 1.000 son ex agentes suboficiales y oficiales de otras fuerzas de seguridad, y con la logística necesaria para efectivizar ese tipo de decisiones.-

La Policía Federal empleó para el operativo de desalojo 200 efectivos. Es decir que la Metropolitana tiene nueve veces más efectivos que los necesarios para tal tarea.

Cabe señalar que la competencia judicial corresponde claramente al Gobierno local, ya que el tipo penal de usurpación fue transferido por el Gobierno Nacional a la jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires en el convenio de transferencia firmado hace más de tres años.

Una correcta práctica institucional indica que cada funcionario debe cumplir con las obligaciones que su cargo le impone, sin que pueda intentar encubrir su ineficiencia en la supuesta inacción o falta de colaboración de otros.