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25 de marzo de 2010 | 17:00

La ONU preocupada por la situación carcelaria en la República Argentina

El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas expresó su especial preocupación por los tratos en los centros de detención. Se espera que emita sus conclusiones para finales de marzo.

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Durante audiencias celebradas en Nueva York con representantes del Estado Nacional, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas expresó su especial preocupación por la tortura y los malos tratos en los centros de detención en Argentina, el uso abusivo de la prisión preventiva y las inhumanas condiciones de detención que sufren las personas privadas de libertad, en particular en la provincia de Buenos Aires.Uno de los miembros más incisivos del Comité fue Nigel Rodley, ex Relator Especial de Naciones Unidas contra la Tortura, quien aseguró en la audiencia que estaba “perturbado” por la información que había recibido de parte del CELS y la CPM, la cual indica que existe en la provincia de Buenos Aires un problema sistemático de tortura y que se detiene ilegalmente a miles de personas en comisarías. Para Rodley, la detención de personas en comisarias resulta contratio a los estándares básicos de los Derechos Humanos.

Los miembros del Comité expresaron su preocupación ante las “graves situaciones de violencia” que se advierten en los centros de detención bonaerenses y pidieron información sobre la implementación del fallo Verbitsky. En aquella sentencia, dictada en 2005, la Corte Suprema había condenado a la provincia por el estado de sobrepoblación, violencia e insalubridad de sus cárceles y comisarías, y había establecido estándares mínimos sobre condiciones de detención y prisión preventiva. Los expertos reconocieron que luego del fallo se habían empezado a tomar medidas correctas para revertir esta situación, pero ahora verificaron la implementación de políticas que contradicen ese mandato. En particular, se refirieron a la reforma del Código Procesal Penal para limitar las excarcelaciones, impulsada por el Ejecutivo provincial y aprobada por la Legislatura provincial en diciembre de 2008.

Además los miembros del Comité expresaron su preocupación por la situación carcelaria de la provincia de Mendoza, y lamentaron que Argentina no haya presentado datos cuantitativos de alcance nacional, por lo que requirieron información adicional. Otro de los temas de especial preocupación para el Comité fue la sanción de una ley para la implementación de un Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura en cumplimiento del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura de la ONU. En particular, insistieron en la celeridad de su creación, en la necesidad de su autonomía del Poder Ejecutivo y en su alcance nacional.

En oportunidad de responder a las críticas, el Estado Nacional sostuvo que los datos de los informes del CELS y de la Comisión por la Memoria son coincidentes con la información oficial y reiteró que “conocen y reconocen la gravedad de la situación”. La delegación argentina se comprometió a aportar datos adicionales sobre privación ilegitima de la libertad, la tortura y otros tratos inhumanos. En cuanto a la creación del Mecanismo de Prevención, los funcionarios alegaron que había tres proyectos en el Congreso Nacional pero que ahora el gobierno no tenía la mayoría parlamentaria para avanzar autónomamente, por lo cual el tema necesitaba más trabajo y consenso.

A su vez, frente al reclamo de los expertos del Comité sobre mayor información respecto de las instituciones donde se encuentran alojados niños privados de libertad, el Estado Nacional reconoció que el 83% de los establecimientos que alojan niños son de tipo penitenciario. Sobre el final de la audiencia, varios expertos del Comité fueron contestes en evaluar que “la situación de las cárceles y la tortura en la provincia de Buenos Aires son los temas más preocupantes en cuanto a la violación de los derechos humanos en Argentina”. Meses atrás, el Estado argentino presenttó ante el Comité un informe escrito. Luego, diversas organizaciones de la sociedad civil, entre ellas el CELS y la CPM presentaron informes alternativos al reporte estatal. En el curso de las próximas semanas la ONU analizará la información proporcionada por el Estado y las organizaciones no gubernamentales y se espera que emita sus conclusiones para finales de marzo.